USHUAIA.- A contrarreloj, el oficialismo empezó a ordenar el escenario político para avanzar con la reforma constitucional en Tierra del Fuego. Con el plazo límite fijado para el 8 de mayo, la legisladora Miriam Martínez ya inició contactos con la militancia y pidió respaldo para la elección de convencionales constituyentes.

Según trascendió, en esas conversaciones transmitió que el gobernador Gustavo Melella firmará en los próximos días el decreto de convocatoria. La idea que circula en el oficialismo es clara: encabezar el proceso político que se viene, con ambos como figuras centrales de la etapa electoral.

El movimiento no es menor. A menos de un mes del cierre legal, el espacio comenzó a activar a referentes de FORJA y sectores del peronismo, especialmente en Río Grande, donde ya se iniciaron los primeros contactos para ordenar el armado territorial.

El contexto, sin embargo, agrega tensión al escenario. La reforma vuelve a instalarse en medio de una provincia atravesada por dificultades económicas, con caída del empleo, deterioro de los ingresos y un panorama social complejo.

A ese cuadro se suma el costo estimado del proceso, que ronda los 8.000 millones de pesos, en paralelo a una deuda del Gobierno provincial de miles de millones con los municipios por coparticipación.

En ese marco, la decisión de avanzar con la reforma empieza a tomar forma concreta. El oficialismo dejó atrás las especulaciones y comenzó a mover su estructura política para cumplir con los plazos y llegar a la convocatoria.

Con el calendario corriendo y la militancia en marcha, la reforma constitucional ya dejó de ser una posibilidad. El proceso, ahora, empezó a jugarse en el terreno político.