RIO GRANDE.- La creciente ola de amenazas de ataques armados en establecimientos secundarios de la provincia motivó una respuesta inmediata de las autoridades educativas. Hasta la fecha se contabilizan entre ocho y nueve episodios en lo que va del año, con una preocupante concentración de cuatro alertas en una misma institución educativa.

Ante este escenario, el Ministerio de Educación ratificó la vigencia de protocolos específicos que exigen dar aviso urgente a los organismos de seguridad para garantizar el resguardo de alumnos y docentes.

Una vez que se detecta una situación de este tipo, se informa de manera directa a toda la comunidad educativa y se asegura la custodia policial en el edificio correspondiente. La directora del nivel secundario explicó que muchas veces estas conductas son tomadas por los adolescentes como un "chiste" o una forma de "hacerse el vivo", pero advirtió que actualmente se les otorga una entidad diferente debido al impacto que generan.

En cuanto a las repercusiones legales, la funcionaria señaló que estas acciones pueden terminar en intervenciones de la justicia. De hecho, ya se registraron casos donde se logró identificar al estudiante responsable, lo que derivó en procedimientos judiciales y allanamientos en sus domicilios particulares. El foco de la gestión está puesto en la prevención para evitar que estas amenazas lleguen a concretarse.

Desde el área educativa remarcaron que la palabra y el diálogo por la convivencia pacífica son las herramientas principales dentro del aula, con el apoyo de equipos interdisciplinarios. El plan de acción contempla un trabajo conjunto entre las escuelas y los padres, solicitando a los progenitores que den aviso al colegio si detectan cualquier indicio de conflicto. El objetivo final es frenar estos incidentes para asegurar un entorno de aprendizaje protegido en toda la isla.