En un contexto económico cada vez más asfixiante, donde los ingresos pierden contra la inflación y el acceso a la vivienda se vuelve una carrera cuesta arriba, el Congreso comenzó a debatir un proyecto que promete cambiar de raíz el mercado de alquileres en Argentina. Pero no hacia un equilibrio: hacia un endurecimiento sin precedentes.

Se trata de la denominada Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, una iniciativa que pone el foco en acelerar los desalojos y reducir al mínimo los tiempos de reacción para los inquilinos. El punto más controvertido es claro y contundente: si no se paga el alquiler, el propietario podrá intimar a los 3 días corridos de vencido el pago.

Un plazo que, en la práctica, deja sin margen a miles de familias.

Tres días para no quedar en la calle

Hasta ahora, el esquema vigente permitía un período mayor —alrededor de 10 días— para regularizar la deuda antes de avanzar en un conflicto judicial. Ese margen funcionaba como una instancia clave de negociación y resolución.

Con la nueva propuesta, ese tiempo desaparece.

La lógica cambia por completo: menos tolerancia, menos diálogo y un camino directo hacia el desalojo. Incluso desde el propio sector de propietarios surgen dudas. Enrique Abatti, titular de la Cámara de Propietarios, fue claro: reducir los plazos “puede generar más conflictos que soluciones”.

Porque en la práctica, muchos inquilinos que podrían ponerse al día en una semana, con tres días directamente quedan fuera del sistema.

Desalojos más rápidos, defensas más débiles

El proyecto no se limita a acortar plazos. Propone una reforma integral que acelera todo el proceso judicial:

• Todos los desalojos pasarían a tramitarse por juicio sumarísimo
• Se habilita la desocupación anticipada antes de la sentencia
• Los jueces deberán resolver en plazos mínimos
• Se permitirá el uso de la fuerza pública, incluso en días inhábiles
• Se limitan las pruebas, reduciendo la capacidad de defensa
• Se eliminan mecanismos para frenar desalojos pagando la deuda

Este último punto es clave: desaparece la posibilidad de evitar el desalojo regularizando la situación. Es decir, aunque el inquilino consiga el dinero, podría igual perder la vivienda.

Una ley pensada para un país que no existe

El problema no es solo jurídico. Es social.

La iniciativa avanza en un país donde:

• Los salarios vienen perdiendo poder adquisitivo
• Crecen los empleos informales
• Aumenta la precariedad laboral
• Y cada vez más familias destinan más del 40% de sus ingresos al alquiler

En ese escenario, exigir una respuesta en 72 horas no es una medida técnica: es una decisión política con impacto directo en la vida cotidiana.

Desde organizaciones como Inquilinos Agrupados advierten que el proyecto configura uno de los sistemas de desalojo más duros de la región. La combinación de plazos cortos, menor defensa y ejecuciones rápidas deja a los inquilinos en una situación de extrema vulnerabilidad.

Más seguridad jurídica… ¿para quién?

Quienes defienden la iniciativa sostienen que agilizar desalojos puede incentivar la oferta de viviendas, al dar mayor previsibilidad a los propietarios.

Pero ese argumento choca con otra realidad: contratos más rígidos, mayores exigencias de ingreso, garantías más duras y un mercado cada vez más selectivo.

El resultado puede ser el opuesto al buscado: menos acceso, más exclusión.

Un equilibrio en crisis

El debate de fondo no es nuevo, pero ahora se vuelve más urgente:
¿hasta dónde se protege la propiedad privada sin vulnerar el derecho a la vivienda?

Especialistas en derecho advierten que la Constitución ya garantiza la propiedad, pero también obliga a un equilibrio razonable con otros derechos. Y es ahí donde este proyecto empieza a generar ruido.

Porque no se trata solo de agilizar procesos. Se trata de definir qué modelo de sociedad se construye: uno donde los conflictos se resuelven con más herramientas… o con menos derechos.

Una advertencia que crece

En medio de una economía inestable, con despidos, caída del consumo y aumento de la pobreza, avanzar hacia desalojos exprés no aparece como una solución técnica, sino como un factor de riesgo.

Más desalojos no necesariamente significan más orden.
Pueden significar más conflicto, más informalidad y más familias en la calle.

El Congreso tiene ahora la última palabra. Pero el mensaje ya está sobre la mesa: en Argentina, alquilar puede pasar de ser una dificultad… a convertirse en una cuenta regresiva.