La discusión por la tierra en Ushuaia sumó un nuevo capítulo que ya no se limita a la demanda habitacional: ahora se investiga si el propio sistema de adjudicación fue desbordado por prácticas irregulares.

El concejal de Somos Fueguinos, Valter Tavarone, presentó un proyecto para interpelar a la secretaria de Hábitat y Ordenamiento Territorial, Lorena Henriques Sanches, con el objetivo de que brinde explicaciones sobre una serie de maniobras que, de confirmarse, podrían configurar uno de los casos más graves en la administración de tierras fiscales de los últimos años en la capital fueguina.

Un esquema bajo sospecha

El eje del planteo no es menor: adjudicaciones, preadjudicaciones y permisos de ocupación precaria que habrían derivado, en algunos casos, en ventas irregulares de lotes que siguen siendo de dominio municipal.

Según expone el edil, existen indicios de que personas o integrantes de asociaciones beneficiadas con tierras públicas habrían comercializado esos terrenos, una práctica expresamente prohibida.

Pero el punto más delicado aparece cuando esas operatorias comienzan a cruzarse con nombres propios y estructuras de poder.

En el expediente se hace referencia a la posible participación o vinculación de actores ligados a gremios y a sectores del propio esquema político local, lo que eleva el caso de una irregularidad administrativa a un potencial problema institucional.

Tierra pública, uso privado

Uno de los focos principales está puesto en los macizos 184 y 185 de la Sección J, donde —según la denuncia— se habría avanzado con urbanización, parcelamiento y adjudicación sin cumplir requisitos básicos de legalidad.

Entre las irregularidades señaladas aparecen:

• Falta de Estudio de Impacto Ambiental
• Intervención sobre zonas de bosque nativo protegido (Categoría II)
• Ausencia de autorización provincial para el cambio de uso del suelo
• Mensuras y adjudicaciones realizadas en condiciones cuestionadas

A pesar de estas restricciones, el planteo indica que se avanzó igual, incluso con desmontes y ocupaciones en el lugar.

Para Tavarone, esto configura un accionar “manifiestamente ilegal”.

El dato que más incomoda

Más allá de lo ambiental, hay un punto que golpea directamente sobre la legitimidad del sistema:
la posible entrega de tierras a personas que no cumplen con los requisitos formales.

El concejal advierte que habría beneficiarios que:

• No figuran en el Registro de Demanda Habitacional
• No cumplen con los criterios de prioridad
• Accedieron a tierras por fuera del circuito legal

Mientras tanto, cientos de vecinos continúan esperando durante años para acceder a un lote a través de los mecanismos oficiales.

La ecuación es explosiva:
quienes cumplen quedan afuera, mientras otros acceden —y en algunos casos venden— tierra pública.

Denuncias, audios y causas judiciales

El caso no se limita al ámbito político. Ya existen denuncias judiciales por presuntas estafas, en las que vecinos aseguran haber pagado por terrenos que nunca pudieron escriturar.

A esto se suma la circulación de un audio en redes sociales donde supuestos integrantes de una organización sindical hacen referencia a estas operatorias y a una posible connivencia con funcionarios.

De confirmarse, el escenario escalaría a un nivel de gravedad institucional inédito.

Un Concejo obligado a intervenir

Frente a este cuadro, el pedido de interpelación no aparece como un gesto aislado, sino como una herramienta de control institucional.

Tavarone plantea que el Concejo Deliberante debe exigir explicaciones claras sobre:

• Los criterios de adjudicación
• La legalidad de los procesos administrativos
• La situación ambiental de los predios
• El eventual desvío de tierras públicas hacia circuitos privados

La decisión ahora está en manos del cuerpo legislativo, que deberá definir si avanza con la convocatoria a la funcionaria.

Mucho más que tierras

Lo que está en juego excede la discusión por un lote o un expediente.
Se trata de la transparencia en el acceso a un recurso escaso y sensible como la tierra urbana.

En una ciudad donde la demanda habitacional es estructural, cualquier sospecha de privilegios, discrecionalidad o negocios paralelos erosiona la confianza pública y profundiza la desigualdad.

La pregunta de fondo ya está instalada:
si el sistema que debía garantizar acceso justo a la tierra termina siendo permeable a intereses particulares,
¿quién controla realmente el destino del suelo público en Ushuaia?