La decisión no es menor. El tribunal -integrado por María del Carmen Battaini, Gonzalo Sagastume, Javier Muchnik y Edith Cristiano- resolvió asumir la competencia originaria luego de que el juez de Tolhuin, José Silvio Pellegrino, se declarara incompetente al considerar que no se trata de un litigio civil, sino de un conflicto de naturaleza administrativa.

Una demanda con doble objetivo: multa y demolición

La presentación fue impulsada por el intendente de Tolhuin, Claudio Daniel Harrington, quien avanzó judicialmente contra la firma con un planteo concreto: exigir el pago de una multa de $868.000 más intereses y obtener autorización judicial para demoler las estructuras instaladas en la Parcela 116 E, Sección R.

El Municipio sostiene que la empresa avanzó con la obra sin cumplir con los requisitos legales ni las autorizaciones correspondientes. El caso se remonta a agosto de 2023, cuando inspectores municipales detectaron movimientos en el predio —incluyendo cerramientos e instalación de antenas— pese a que la obra ya había sido clausurada preventivamente.

A partir de allí, se activó el procedimiento administrativo: se labró el acta de infracción, la empresa presentó su descargo y finalmente se dictó una resolución que la declaró responsable, aplicando una multa de 1.000 Unidades Punitorias junto con la sanción accesoria de demolición. Según el Ejecutivo local, esa resolución quedó firme tras el rechazo del recurso de reconsideración presentado por la firma.

De lo administrativo a lo institucional

El punto de inflexión llegó cuando la causa ingresó al ámbito judicial. El magistrado Pellegrino entendió que no correspondía tratar el caso como un interdicto de obra nueva ni como un litigio civil tradicional, sino como un conflicto regido por el derecho administrativo. Esa interpretación derivó en la remisión del expediente al Superior Tribunal.

Con su reciente resolución —en el expediente N° 4700—, el máximo tribunal fueguino no solo convalidó esa mirada, sino que decidió asumir directamente la causa. En términos prácticos, esto implica que el conflicto deja de ser un litigio local para transformarse en un caso de alto impacto institucional, donde se pondrán en juego no solo normas municipales, sino también criterios sobre jurisdicción, control estatal y alcance de las competencias locales frente a empresas de escala internacional.

Soberanía, territorio y una discusión que excede lo legal

Detrás del expediente hay un debate mucho más profundo. La instalación del radar —cuestionada por distintos sectores políticos y sociales— abrió interrogantes sobre el control territorial, la presencia de capitales extranjeros en zonas estratégicas y el rol del Estado en la regulación de este tipo de desarrollos tecnológicos.

La intervención del Superior Tribunal no resuelve esas tensiones, pero sí las coloca en un escenario de máxima visibilidad institucional. A partir de ahora, cada decisión judicial tendrá impacto no solo en el destino de la estructura instalada, sino también en la interpretación de los límites entre inversión privada, normativa local y soberanía territorial.

Un fallo que puede sentar precedente

Con el expediente ya en manos del máximo tribunal provincial, el caso entra en una nueva etapa. La definición sobre la validez de la multa, la legalidad del procedimiento administrativo y, sobre todo, la eventual demolición del radar marcarán un precedente clave para futuros conflictos de similares características.

En un contexto donde la discusión por el control del territorio en Tierra del Fuego vuelve a ocupar el centro de la agenda, el avance de esta causa judicial promete convertirse en un punto de referencia obligado. Lo que está en juego ya no es solo una antena: es la capacidad del Estado local de hacer cumplir sus normas frente a actores de peso global.