USHUAIA.- El directorio de YPF aprobó el 8 de abril un esquema de remuneraciones que ubica los ingresos de sus integrantes en torno a los US$954.000 anuales para 2026. La decisión, que surge de documentación interna de la compañía, deja en el centro de la escena a Maximiliano D’Alessio, representante de Tierra del Fuego dentro del cuerpo.

Designado por el gobernador Gustavo Melella, D’Alessio no solo integra el directorio sino que participó de la definición de un presupuesto que habilita, en promedio, sueldos cercanos al millón de dólares. En algunos casos, esos ingresos incluso superarán esa cifra, mientras otros se ubicarán alrededor de los US$500.000.

La situación adquiere otra dimensión al observar el contexto provincial. Mientras en Tierra del Fuego crecen los problemas para sostener el acceso al gas y se multiplican las dificultades para afrontar tarifas en alza, su representante en la petrolera estatal avala un esquema salarial de elite.

El contraste es directo. De un lado, usuarios con deudas acumuladas y riesgo de cortes de servicio en ciudades como Río Grande y Ushuaia. Del otro, un directorio que consolida ingresos que, al tipo de cambio actual, superan los 70 millones de pesos mensuales.

El caso de D’Alessio suma un elemento adicional. Su doble función como presidente de Terra Ignis y director de YPF lo ubica en una posición donde las decisiones empresarias conviven con responsabilidades públicas en una provincia atravesada por tensiones energéticas.

Según datos difundidos por elDiarioAR, los ingresos del directorio registraron un incremento significativo desde el cambio de gestión nacional. Medidos en dólares, los actuales salarios superan en un 60% a los percibidos durante la administración de Alberto Fernández.

La discusión también alcanza su designación. Su llegada al cargo había sido cuestionada por no cumplir con el procedimiento previsto en la Ley 1012, lo que ahora se suma al debate por el nivel de ingresos que percibe dentro de la empresa.

En este escenario, la figura del representante fueguino queda expuesta. No solo por el monto de su remuneración, sino por el contraste entre esa realidad y la de una provincia que enfrenta dificultades crecientes para garantizar servicios básicos.

La controversia abre un interrogante más profundo sobre el rol de quienes representan a Tierra del Fuego en espacios estratégicos. La distancia entre las decisiones del directorio y la situación de los usuarios ya no pasa desapercibida y empieza a instalarse con fuerza en el debate público.