Ushuaia sigue con asombro una causa que mezcla presunta estafa, tierras fiscales y un preocupante giro intimidatorio. Lo que comenzó como una denuncia por la venta irregular de terrenos hoy escala con amenazas directas a quienes impulsan la investigación.

En declaraciones a Aire Libre FM, la abogada Griselda Engelhard confirmó que junto a su colega fue víctima de hostigamiento por parte de personas que intentaron frenar el avance de la causa.

Una maniobra millonaria bajo sospecha

El expediente judicial apunta a una operatoria que habría ofrecido terrenos —presuntamente fiscales— en la zona de Barrancas del Pipo, con valores que oscilaban entre 25 y 30 mil dólares.

Detrás de estas operaciones aparecen nombres vinculados al gremio camionero, particularmente delegados sindicales que quedaron bajo sospecha tras la difusión de audios y testimonios.

Según la investigación, las ventas se realizaban de manera informal, muchas veces a través de redes sociales, con contratos sin validez legal y promesas de entrega que nunca se concretaron.

El impacto no es menor: al menos entre 20 y 26 familias habrían sido afectadas, muchas de las cuales entregaron sumas millonarias, vehículos o ahorros de toda una vida en busca de acceder a un lote propio.

De la estafa a las amenazas

Pero el dato que encendió todas las alarmas llegó en las últimas horas. Engelhard denunció que dos personas se presentaron en su estudio jurídico con el objetivo de intimidarla y exigirle que abandone la causa.

“Quisieron silenciarnos y amenazarnos para que no continuemos”, relató la letrada.

La respuesta fue inmediata: se radicó una denuncia penal contra los involucrados y se solicitó la detención de los agresores. Además, la Justicia dispuso custodia policial tanto en el estudio jurídico como en los domicilios particulares de las abogadas por un plazo inicial de 60 días.

Un esquema que expone algo más profundo

Más allá del caso puntual, la causa deja al descubierto un problema estructural en la ciudad: el acceso a la tierra y la vivienda.

La falta de oferta formal, la crisis habitacional y la desesperación de muchas familias generan el caldo de cultivo perfecto para este tipo de maniobras. En ese contexto, la promesa de un terreno propio —aunque sea irregular— termina siendo una trampa difícil de evitar.

A eso se suma otro elemento clave: si se confirma que los lotes ofrecidos eran fiscales, la investigación no solo se limitaría a una estafa entre privados, sino que abriría interrogantes sobre el control del Estado sobre tierras públicas.

Gremios, poder y silencio

La posible participación de referentes ligados al gremio camionero agrega una dimensión política al caso. No se trata solo de una maniobra económica: aparecen estructuras de poder que, según las denuncias, habrían tenido capacidad para organizar, sostener e incluso presionar para frenar la investigación.

El intento de amedrentar a las abogadas marca un punto de inflexión. Ya no es solo una causa judicial: es un conflicto donde entran en juego intereses, poder y la posibilidad de que el caso escale aún más.

Una causa que recién empieza

Con denuncias en marcha, pedidos de detención y medidas de protección activadas, la investigación avanza en un clima cada vez más tenso.

Lo que deberá determinar la Justicia es claro:

• si los terrenos eran efectivamente fiscales
• quiénes integraban la red de comercialización
• y hasta dónde llegan las responsabilidades

Mientras tanto, en Ushuaia el mensaje ya genera impacto: detrás del sueño de la casa propia, podría esconderse una de las estafas más sensibles de los últimos tiempos… ahora atravesada por amenazas que buscan imponer silencio.