BUENOS AIRES.- El oficialismo nacional puso en marcha una ronda de negociaciones para obtener las firmas necesarias en el dictamen de la ley de Propiedad Privada. Agustín Coto, en su rol de presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales, coordina los esfuerzos para acercar posiciones con los bloques dialoguistas tras un fin de semana sin convocatoria al plenario. Según admitieron fuentes parlamentarias, la discusión sigue abierta debido a que sectores del radicalismo y del PRO exigen modificaciones antes de bajar al recinto de sesiones.

El punto de mayor controversia radica en la derogación de la ley 26.737, la cual restringe la compra de campos por parte de capitales del exterior. El proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo propone eliminar esos topes cuantitativos y centrar los controles únicamente cuando existan Estados extranjeros involucrados en la operación. Esta postura generó el rechazo de senadores patagónicos, quienes advirtieron sobre la posible pérdida de soberanía y la concentración de tierras con valor estratégico en manos de empresas foráneas.

En paralelo, la reforma de la ley de barrios populares suma tensión a la mesa de diálogo. La propuesta busca descentralizar la regularización dominial y limitar las expropiaciones, además de suprimir la prohibición de desalojos que rige actualmente por diez años. Mientras el Gobierno sostiene que el sistema vigente apenas otorgó títulos de propiedad al 0,08 por ciento de los habitantes, los bloques opositores señalan que estos cambios podrían derivar en una salida masiva de familias de sus hogares.

La normativa también contempla una aceleración en los tiempos judiciales para los desalojos por falta de pago, reduciendo los plazos de intimación a solo tres días. Este esquema, sumado a la eliminación de artículos de la ley de Manejo del Fuego que impedían la venta de tierras incendiadas por décadas, refuerza la impronta desreguladora de la iniciativa. Por estas horas, la conducción de las comisiones trabaja contra reloj para unificar un texto que logre el acompañamiento de las provincias y garantice el éxito del proyecto en la Cámara Baja.