La medida, que entrará en vigencia el 17 de junio, habilita a empresas industriales —principalmente radicadas en el territorio continental— a importar insumos, materias primas y componentes sin abonar derechos de importación ni impuestos internos al momento de su ingreso. En este esquema, los tributos quedan diferidos hasta la comercialización del producto final: si se exporta, los insumos quedan exentos; si se vende en el mercado interno, se pagan posteriormente.

Desde el Ejecutivo sostienen que el objetivo es simplificar y modernizar el sistema aduanero, además de fomentar procesos productivos con mayor valor agregado local. Sin embargo, en Tierra del Fuego la lectura es distinta.

El nuevo régimen impacta de lleno en el esquema de beneficios que rige en la provincia bajo la Ley Nº 19.640, que desde hace décadas otorga ventajas impositivas para compensar los altos costos logísticos y promover el desarrollo económico y poblacional en la región. Gracias a este subrégimen, las empresas instaladas allí acceden a exenciones en impuestos nacionales como IVA, Ganancias y tasas aduaneras.

En ese contexto, el RAF podría diluir uno de los principales diferenciales competitivos de la isla. Al extender beneficios similares al resto del país, sectores industriales advierten que se abre la puerta a una mayor competencia desde el continente, lo que podría derivar en una reconfiguración del mapa productivo.

Empresarios y referentes del sector ya plantean preocupación por un posible escenario de desinversión, con impacto directo en el empleo. La combinación de apertura, cambios en la política industrial y una demanda interna debilitada aparece como un factor de riesgo para la continuidad de algunas operaciones.

Mientras tanto, el debate comienza a escalar en la provincia, donde el régimen de promoción no solo es una herramienta económica, sino también un pilar estratégico vinculado al desarrollo territorial y la soberanía en el extremo sur del país.