En el Distrito Judicial Sur, con asiento en Ushuaia, se registran hasta el momento tres casos originados a partir de denuncias realizadas por autoridades escolares. Los episodios están vinculados a la aparición de inscripciones anónimas con contenido intimidatorio dentro de edificios educativos, además de una amenaza de bomba difundida a través de redes sociales.

Por otra parte, en el Distrito Judicial Norte, correspondiente a Río Grande, durante el mes de abril se contabilizaron 24 denuncias de características similares, lo que eleva la cifra total a 27 en toda la provincia.

Ante esta situación, el Ministerio Público Fiscal dispuso una serie de medidas investigativas con el objetivo de establecer el origen de los hechos y evaluar las responsabilidades que pudieran corresponder en cada caso.

Desde el ámbito educativo manifestaron su preocupación por el impacto de estos episodios en la comunidad escolar y remarcaron la necesidad de un abordaje articulado entre las instituciones. En ese sentido, autoridades del Ministerio de Educación subrayaron la importancia de priorizar la protección de estudiantes, docentes y personal de los establecimientos.

Asimismo, se recordó a la comunidad que este tipo de conductas, aun cuando se realicen de forma anónima o puedan interpretarse como una broma, pueden constituir delitos previstos en el Código Penal, como daño, amenazas anónimas e intimidación pública.

El Ministerio Público Fiscal continuará interviniendo en las actuaciones policiales en curso y podrá requerir a los juzgados correspondientes las medidas de protección necesarias para resguardar a la comunidad educativa, en coordinación con las autoridades educativas provinciales.