Las recientes declaraciones de Juan Pablo Deluca en Radio Provincia encendieron una fuerte señal de alarma sobre el presente y el futuro de la industria en Tierra del Fuego. En un análisis crítico del Decreto 252/2026 y del rumbo económico del Gobierno nacional, el referente advirtió que las medidas adoptadas no sólo impactan -aunque sea de forma indirecta- en el entramado productivo fueguino, sino que profundizan un proceso de deterioro que ya se refleja en la caída del empleo, la reducción de la producción y la creciente incertidumbre empresarial en la provincia.
Deluca explicó que el Decreto 252 introduce un régimen aduanero que, si bien no elimina directamente los beneficios de Tierra del Fuego, los extiende al resto del país, generando un efecto inmediato: la pérdida de competitividad relativa de la provincia.
“El régimen nacionaliza ventajas que antes eran propias de la promoción fueguina, como el no pago de aranceles a insumos. Eso cambia la ecuación para muchas empresas”, sostuvo.
La consecuencia es concreta: industrias que hoy producen en la isla comienzan a evaluar relocalizarse en el continente, donde los costos logísticos son significativamente menores. El caso de empresas exportadoras, como las del sector plástico con presencia global, aparece como ejemplo claro de este riesgo.
Lejos de analizar la medida de forma aislada, Deluca la inscribe en una serie de decisiones que —según su visión— configuran un escenario crítico:
“Es un modelo económico que no prioriza la industria. Al contrario, la reemplaza por importaciones y por actividades primarias”, afirmó.
Los números que expuso Deluca reflejan la magnitud del impacto:
Para dimensionar la caída, el dirigente remarcó que estos niveles de empleo retrotraen a la provincia a escenarios previos a 2008, antes del desarrollo masivo de la industria electrónica.
“Esto no es estacional ni coyuntural. Las empresas ya no están planificando producir a mediano plazo”, advirtió.
El análisis no se limita a la industria. Deluca describió un efecto dominó sobre toda la economía:
“La mitad de la economía de Río Grande depende de la industria. Cuando cae, arrastra todo: el comercio, los servicios, el empleo indirecto”, explicó.
Uno de los puntos más críticos del diagnóstico es el estado del FAMP. Según Deluca:
“Estamos en el peor de los escenarios: con una herramienta clave, pero completamente inmovilizada”, señaló.
Además, cuestionó la falta de criterios claros en la asignación de proyectos y la ausencia de inversiones estratégicas en infraestructura básica, como energía.
Más allá de lo económico, Deluca vinculó el debate con una dimensión geopolítica. Recordó que el régimen de promoción industrial no solo responde a una lógica productiva, sino también a la necesidad de poblar y sostener un territorio estratégico.
“Tierra del Fuego no es cualquier lugar. Tiene proyección al Atlántico Sur y a la Antártida. Desarmar su industria es también debilitar la presencia argentina en esa región”, planteó.
El dirigente también apuntó contra los referentes locales de La Libertad Avanza, a quienes acusó de no dar respuestas frente a la crisis.
“No hay acompañamiento ni defensa de los intereses fueguinos. Se limitan a replicar decisiones tomadas en Buenos Aires”, cuestionó.
El análisis de Deluca deja una conclusión contundente: el Decreto 252/2026 no es un hecho aislado, sino parte de una transformación más profunda del modelo económico argentino.
En ese marco, Tierra del Fuego enfrenta un dilema estructural: adaptarse a un esquema que diluye sus ventajas o defender un régimen que históricamente sostuvo empleo, producción y soberanía.