El fallo, que se da en el marco de la causa impulsada por la Inspección General de Justicia (IGJ) por la instalación de un radar en Tolhuin, abre un nuevo escenario. Si bien la resolución es de primera instancia y puede ser apelada, marca un punto de inflexión en un conflicto que combina tecnología, intereses internacionales y soberanía.

Según Guzmán, el avance judicial responde a un contexto más amplio donde entran en juego actores globales. Señaló que la empresa difícilmente acepte la decisión sin dar pelea: “No tengo dudas de que van a apelar. No es un tema menor, hay intereses internacionales muy fuertes vinculados a este tipo de tecnología”.

El periodista remarcó en FM Espectáculo, además que el radar no puede analizarse de manera aislada. En su lectura, forma parte de un entramado estratégico que involucra a potencias y organismos internacionales, en un territorio históricamente sensible para la Argentina por su cercanía con el Atlántico Sur y su vínculo con la Guerra de Malvinas.

En paralelo, Guzmán amplió el foco y apuntó contra la intervención del puerto provincial, al que definió como “el activo estratégico más importante de Tierra del Fuego”. Aseguró que existieron advertencias previas que no fueron atendidas por las autoridades y denunció graves irregularidades en la toma de decisiones.

Entre ellas, destacó la falta de consulta al fiscal de Estado, lo que calificó como una omisión grave. “El fiscal no solo fue consultado, sino que recomendó acciones concretas que no se llevaron adelante”, afirmó, y sostuvo que existen elementos que contradicen la versión oficial brindada por responsables del área.

También puso en duda los argumentos utilizados para justificar la intervención, señalando que se construyó un relato basado en información incompleta o distorsionada. En ese sentido, consideró que se intentó instalar una “operación de prensa” para confundir a la opinión pública sobre el estado real del puerto.

Guzmán fue más allá y planteó que detrás de la crisis portuaria podría haber una intención de avanzar hacia un esquema de privatización. Mencionó informes técnicos previos que advertían sobre problemas estructurales en la infraestructura, y que, según su interpretación, habrían sido utilizados como base para justificar cambios en el control del puerto.

En este escenario, reclamó una investigación profunda y el apartamiento de las autoridades responsables: “La Legislatura debería actuar de inmediato. Lo que está en juego no es menor”.

El caso LeoLabs y la situación del puerto configuran así un panorama complejo en Tierra del Fuego, donde se cruzan decisiones judiciales, tensiones políticas y debates de fondo sobre soberanía y control de recursos estratégicos. Mientras tanto, la resolución judicial abre una nueva etapa que promete escalar en instancias superiores.