Con esta resolución, queda plenamente vigente la normativa impulsada por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), que permite el ingreso de asado y otros cortes con hueso desde el norte del país bajo estrictos controles sanitarios. La medida apunta a incrementar la oferta y reducir los altos precios que históricamente pagan los consumidores patagónicos.

Un fallo que cambia el escenario

Los jueces Javier Leal de Ibarra y Aldo Suárez revocaron una decisión de primera instancia que mantenía suspendida la Resolución 460/2025 en Santa Cruz. En su fallo, respaldaron el criterio técnico del SENASA y descartaron que la flexibilización implique un riesgo para el estatus sanitario de la región, reconocida como zona libre de fiebre aftosa sin vacunación desde hace más de 30 años.

La normativa establece que solo podrán ingresar cortes con hueso plano y material genético que cumplan con protocolos específicos de maduración, control de pH y trazabilidad, medidas diseñadas para minimizar cualquier posibilidad de riesgo sanitario.

Tensión con el sector productivo

La decisión judicial representa un revés para las entidades rurales patagónicas, que se habían opuesto a la apertura por temor a perder mercados internacionales y a un eventual deterioro del estatus sanitario.

Sin embargo, algunas voces del sector adoptaron una postura más moderada. Ricardo Irianni, presidente de la Sociedad Rural Valle del Chubut, señaló que “si el SENASA considera que la seguridad y los controles permiten tomar estas medidas, está bien”, aunque remarcó la necesidad de mantener un monitoreo constante.

¿Impacto en los precios?

El Gobierno Nacional sostiene que la apertura permitirá equilibrar los valores de la carne en la Patagonia, donde los precios suelen ser considerablemente más altos que en el resto del país. La lógica oficial apunta a que una mayor competencia genere una baja en las góndolas.

No obstante, el efecto concreto aún genera dudas. Sectores productivos advierten que, hasta el momento, medidas similares no lograron traducirse en una reducción significativa de precios ni en mejoras en la calidad de los productos.

El fallo, de fuerte impacto económico y político, abre una nueva etapa para el mercado cárnico en el sur argentino, con expectativas cruzadas entre consumidores, productores y autoridades sanitarias.