RIO GRANDE.- La tensión social en los sectores populares de la provincia escaló tras un encuentro en las oficinas de Gas Austral en Río Grande. Durante la reunión, representantes de distintos barrios recibieron detalles sobre la aplicación de las nuevas normativas que limitan el acceso al beneficio del gas envasado, lo que motivó el inicio de un plan de lucha por parte de las organizaciones vecinales.

Así lo dio a conocer el portal de noticias www.bocadepozo.com.ar que indica que desde el sector de los beneficiarios cuestionaron que el Gobierno provincial delegara la comunicación de estas medidas en la empresa privada en lugar de dar la cara a través de sus funcionarios. Los referentes manifestaron que "el gobernador y Castillo nos están dando la espalda a los barrios populares en momentos en donde necesitamos de la solidaridad y el acompañamiento".

El malestar también se centró en la ausencia de las autoridades del Ministerio de Energía en el territorio. En ese sentido, los vecinos expresaron que "deberían tener la valentía de habernos convocado los ministros de Melella", al tiempo que interpretaron la intervención de la distribuidora como un método para evitar el costo político de la decisión.

En términos económicos, la Resolución 205/26 establece un esquema de subas que llevará el valor del kilo de GLP a los $300 para el mes de diciembre. Esto implica un aumento acumulado superior al 270 por ciento a lo largo del año, impactando de lleno en la economía de las familias que no cuentan con conexión domiciliaria.

Por otro lado, la Resolución 209/26 pone en marcha una segmentación que reduce los cupos de consumo subsidiado. Aquellos hogares ubicados frente a redes de gas natural tendrán un tiempo límite de 90 días para conectarse al servicio, caso contrario perderán la asistencia estatal de manera definitiva.

La situación es especialmente compleja para los habitantes de zonas como Costa Susana en Ushuaia, Eco Pueblo en Tolhuin o el Country San Justo en Río Grande, que quedaron fuera del esquema de beneficios. Los vecinos advirtieron sobre la imposibilidad de afrontar los costos de las instalaciones internas mientras el Estado provincial se retira de su rol de contención en plena temporada invernal.