La ordenanza fue aprobada durante la Tercera Sesión Ordinaria del Concejo Deliberante de Río Grande y modifica la normativa vigente desde 2008 (Ordenanza N° 2585). El nuevo esquema redefine el funcionamiento del Consejo, que tendrá como objetivo proponer, coordinar, evaluar y asesorar acciones destinadas a las personas con discapacidad, incorporando la participación ciudadana y la representación efectiva en los temas que les conciernen.

Un cambio de paradigma en la legislación local

Con esta modificación, el cuerpo legislativo local avanza hacia un modelo más inclusivo, alineado con el enfoque de derechos humanos. El Consejo ya existía, pero presentaba limitaciones en su integración.

“Era un consejo que no tenía participación de las personas o de las organizaciones que las representan”, explicó Arce en FM del Pueblo, quien remarcó que el proyecto se trabajó durante meses junto a familias y actores sociales vinculados a la temática.

La concejal subrayó el alcance de la iniciativa: “Logramos que las personas con discapacidad sean parte de las decisiones”, afirmó, poniendo en valor la incorporación de voces históricamente relegadas en la construcción de políticas públicas.

Participación real y representación efectiva

El proyecto también se apoya en los principios de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que promueve la inclusión plena en la vida política y social.

“Había una obligación de los Estados de hacer parte a las personas con discapacidad y a sus familias en estas discusiones o tomas de decisiones”, sostuvo la edil.

En ese sentido, el nuevo Consejo se proyecta como un espacio institucional clave para canalizar demandas, generar propuestas y fortalecer el vínculo entre el Estado municipal y las organizaciones de la sociedad civil.

Una respuesta local en un contexto nacional complejo

La aprobación de la ordenanza se da en un escenario nacional que, según Arce, presenta dificultades para el sector. La concejal cuestionó medidas impulsadas por el gobierno de Javier Milei y advirtió sobre sus efectos.

“Se habla de fraude y se generan discursos que terminan estigmatizando a las personas con discapacidad”, señaló, y agregó: “El control del Estado es necesario, pero no puede convertirse en un ataque a quienes están en situaciones más vulnerables”.

Asimismo, remarcó que muchas familias enfrentan demoras y recortes en el acceso a beneficios: “El recorte existe y lo ven de manera permanente”, indicó.

Una ordenanza con mirada integral

Más allá de la coyuntura, la normativa busca consolidar una política pública sostenida, con eje en la inclusión, la accesibilidad y la ampliación de derechos.

“Debemos trabajar en herramientas que mejoren la calidad de vida de nuestra comunidad”, expresó Arce, reafirmando el compromiso de su espacio con los sectores más vulnerables.

La concejal también destacó el trabajo en comisión previo a la aprobación: “Recibimos a familias que planteaban esta necesidad concreta, y eso fue fundamental para avanzar”.

El desafío de la implementación

Tras la sanción, ahora se espera la promulgación por parte del Ejecutivo municipal y la puesta en funcionamiento del Consejo con su nueva integración.

“Esperamos que se ponga en marcha lo antes posible y que sea un espacio real de discusión y construcción de políticas públicas”, manifestó Arce.

Con esta decisión, Río Grande fortalece su marco institucional en materia de discapacidad y avanza hacia un modelo donde las personas no solo sean destinatarias de políticas, sino protagonistas en su diseño y ejecución.