En un contexto político cada vez más tensionado, el Gobierno nacional resolvió extender el plazo de presentación de las declaraciones juradas de los funcionarios públicos, una decisión que, lejos de despejar dudas, profundiza las sospechas. La medida, oficializada por la Oficina Anticorrupción, traslada el vencimiento del 31 de mayo al 31 de julio, en plena controversia por la situación patrimonial de Manuel Adorni.

Formalmente, la resolución argumenta la necesidad de “adecuar” los plazos en función del calendario impositivo fijado por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, buscando dar más tiempo a los funcionarios para completar la información. Sin embargo, el contexto en el que se toma la decisión abre interrogantes difíciles de soslayar.

Un escándalo que incomoda

El nombre de Adorni quedó envuelto en denuncias por presunto enriquecimiento ilícito, con foco en la adquisición de propiedades que no habrían sido debidamente declaradas. A esto se sumaron cuestionamientos por el viaje de su esposa, Bettina Angeletti, en una comitiva oficial, aunque ese expediente fue archivado por el juez Daniel Rafecas, tras el dictamen de la fiscal Alejandra Mangano.

Pese a ese cierre parcial, el frente judicial y político sigue abierto. Y es en ese escenario donde la prórroga de las declaraciones juradas adquiere otro peso.

Ganar tiempo en medio de la tormenta

La extensión del plazo no es un dato menor. Las declaraciones juradas son la principal herramienta de control ciudadano sobre la evolución patrimonial de los funcionarios públicos. Postergar su presentación implica, en los hechos, retrasar el acceso a información clave en un momento de alta sensibilidad política.

En ese sentido, distintos sectores interpretan la medida como un intento de descomprimir la situación y evitar que nuevos datos patrimoniales salgan a la luz en el corto plazo. Es decir, ganar tiempo.

La decisión también expone una contradicción incómoda para un Gobierno que hizo de la transparencia y la lucha contra la “casta” uno de sus principales ejes discursivos.

Una señal política

Más allá de los argumentos técnicos, la prórroga envía una señal política clara: en medio de un escándalo, el Ejecutivo opta por flexibilizar los mecanismos de control en lugar de reforzarlos.

Para la opinión pública, el mensaje puede leerse en otra clave: cuando más se necesita claridad, se dilatan los tiempos.

Transparencia en duda

El sistema de declaraciones juradas, establecido por la Ley 25.188, obliga a los funcionarios a informar su patrimonio al asumir, actualizarlo anualmente y declararlo al dejar el cargo. Es, en esencia, una herramienta central para prevenir la corrupción.

Por eso, cualquier modificación en sus plazos no es neutra. Mucho menos cuando coincide con denuncias que apuntan al corazón del poder.

En definitiva, la decisión del Gobierno no logra despejar dudas. Por el contrario, las profundiza. Y deja flotando una pregunta incómoda: si no hay nada que ocultar, ¿por qué postergar la transparencia?