BUENOS AIRES.- La Avenida 9 de Julio amaneció con una proclama dirigida a la delegación de Noruega que se encuentra cumpliendo una agenda oficial en el territorio fueguino. "Noruega: no queremos salmoneras en el mar argentino", rezaba el mensaje colocado a escasos metros del Obelisco, justo frente a la embajada de ese país, para manifestar el malestar por el posible desarrollo de esta industria en el Atlántico Sur.

El despliegue de la bandera en la Capital Federal ocurrió mientras los representantes europeos mantienen reuniones para afianzar lazos comerciales en la provincia. El interés de la comitiva se centra en el fomento de la cría de salmones en cautiverio, una práctica productiva que acumula fuertes cuestionamientos a nivel internacional debido a sus consecuencias ambientales.

En Ushuaia la resistencia social se percibe de manera cotidiana a través de cartelería en comercios de zonas turísticas y sectores costeros. Este movimiento cobró mayor fuerza durante el año pasado, en coincidencia con el debate legislativo para reformar la Ley 1355, norma que regula la actividad dentro de la jurisdicción provincial.

La controversia tiene su origen a comienzos de 2018, cuando se rubricó un acuerdo entre la Corona noruega, la administración nacional de aquel entonces y el Gobierno fueguino para instalar jaulas marinas. En ese momento, un frente compuesto por científicos, académicos y vecinos rechazó el convenio por los riesgos económicos y sociales que implicaba el sistema de producción propuesto.

Este rechazo ciudadano también tuvo su correlato en la margen chilena del Canal Beagle, específicamente cuando los funcionarios noruegos desembarcaron en Puerto Williams. El descontento de las comunidades originarias y locales del país vecino se sumó a la preocupación de los sectores fueguinos que defienden la preservación del ecosistema marino compartido.

A pesar de los cambios normativos que habilitaron la actividad en la Costa Atlántica, el bloque de organizaciones civiles mantiene su postura histórica de defensa del patrimonio natural. Representantes de agrupaciones ecologistas confirmaron que recurrirán a la justicia mediante la presentación de un amparo colectivo para frenar el avance de los proyectos industriales sobre el mar.