En declaraciones a FM Provincia, uno de los referentes del reclamo, el suboficial mayor retirado Alfredo Gatti, aseguró que lo ocurrido en el encuentro confirmó lo que venían denunciando desde hace tiempo: “sabían lo que pasaba y lo terminaron reconociendo cuando no pudieron sostenerlo más”.

El eje del conflicto es claro: más de 500 familias llevan alrededor de once meses sin cobrar una parte de sus haberes jubilatorios, en medio de una deuda millonaria y sin una fecha concreta de pago. Durante la reunión, las autoridades de la Caja admitieron la gravedad de la situación financiera y la imposibilidad de afrontar los compromisos en el corto plazo.

Para Gatti, lo más grave no es solo el presente, sino el proceso que llevó a este punto. “Esto no pasó de un día para el otro, fue algo que se vino ocultando durante años”, sostuvo, al remarcar que existían informes y advertencias previas sobre el deterioro del sistema.

El referente también apuntó a las decisiones adoptadas por los responsables del organismo, al considerar que hubo un accionar deliberado que terminó perjudicando a un sector específico. “Se tomaron decisiones sin autoridad y terminaron afectando a 540 familias”, señaló.

Durante el encuentro legislativo, según relataron los propios jubilados, las autoridades no lograron dar respuestas concretas sobre cómo se resolverá la deuda ni cuándo se normalizarán los pagos. Esa falta de definiciones profundizó la incertidumbre y alimentó las críticas.

Además, Gatti denunció la existencia de un esquema sostenido en el tiempo que habría permitido ocultar la situación real de la Caja. “Hubo un sistema que fue tapando todo esto durante años”, afirmó, al tiempo que reclamó que se investiguen las responsabilidades de quienes tomaron decisiones en distintas etapas.

El reclamo también alcanza al ámbito judicial. Los jubilados cuestionan la falta de avances en causas vinculadas al manejo de los fondos y advierten sobre una posible connivencia entre distintos sectores. “Parece que nadie quiere hacerse cargo”, expresó el suboficial retirado.

Mientras tanto, la única alternativa que se les plantea a los afectados es iniciar procesos judiciales largos, lo que genera preocupación por el paso del tiempo. “Nos dicen que hagamos juicio y veamos quién llega”, advirtió Gatti, en referencia a los años que podría demorar una resolución.

En ese contexto, el referente dejó en claro que el reclamo continuará. “No vamos a dejar de pelear por un derecho que nos corresponde”, afirmó, subrayando que los aportes realizados durante toda la carrera policial respaldan el pedido de los jubilados.

La crisis de la Caja policial ya no se limita a un problema financiero. Se transformó en un conflicto con fuerte impacto social, político e institucional, donde el paso del tiempo, la falta de respuestas y las sospechas sobre el manejo de fondos profundizan la tensión en Tierra del Fuego.