El presidente de la institución, Renán Uribe, expresó su preocupación por la escalada del conflicto. Según explicó en FM La Isla, las medidas gremiales fueron incrementándose en intensidad y hoy generan un freno cada vez más visible en la tramitación de causas.

En ese sentido, remarcó que el principal efecto se traduce en demoras en resoluciones judiciales, afectando directamente a particulares que dependen de esos tiempos. “La administración de justicia empieza a llegar más tarde”, advirtió, al tiempo que señaló que los abogados ven dificultado su trabajo cotidiano.

Desde el Colegio indicaron que, si bien comprenden los reclamos del sector judicial y la situación económica de los trabajadores, consideran necesario alcanzar un acuerdo que permita normalizar el servicio. En esa línea, vienen manteniendo contacto tanto con los gremios como con el Superior Tribunal de Justicia, aunque por ahora no se vislumbra una salida inmediata.

Otro de los puntos que genera inquietud es la estructura del sistema judicial. Uribe mencionó que existen juzgados que aún no están en funcionamiento, lo que ya genera una sobrecarga previa. En ese contexto, el paro profundiza lo que definió como un “cuello de botella” en la gestión de expedientes.

Además, advirtió que el contexto social y económico también repercute en la Justicia, con un aumento de conflictos que terminan judicializándose, especialmente en el ámbito familiar. Esta combinación —más demanda y menor capacidad de respuesta— incrementa la preocupación del sector.

Mientras tanto, la expectativa sigue puesta en que las partes logren acercar posiciones. Desde el Colegio insistieron en la necesidad de evitar que el conflicto se prolongue, para no agravar aún más el retraso en la administración de justicia.