En medio de un escenario político cada vez más tenso en Tierra del Fuego, el legislador provincial Pablo Villegas lanzó una fuerte advertencia sobre el futuro de la reforma constitucional impulsada por el gobernador Gustavo Melella: “Con 8 votos alcanza para derogar la ley y, en ese caso, la convocatoria a elecciones se cae”.

La definición no es menor. En diálogo con Radio Provincia, Villegas planteó que la iniciativa del Ejecutivo podría quedar abstracta si la Legislatura avanza con la derogación de la ley que declaró la necesidad de reforma. Según su interpretación jurídica, el poder central en este proceso lo tiene el Poder Legislativo, mientras que el Ejecutivo cumple un rol “accesorio”.

“Si la Legislatura deja sin efecto la ley, la convocatoria del Ejecutivo pierde sustento. Se cae”, afirmó.

Una disputa jurídica… y política

El planteo abre un escenario de alta incertidumbre institucional. Mientras algunos sectores sostienen que se requieren mayorías agravadas, Villegas insiste en que se trata de una ley ordinaria y que su derogación puede concretarse con mayoría simple.

Pero más allá de la discusión técnica, el legislador puso el foco en el trasfondo político de la decisión.

“Esto responde a la agenda de construcción y conservación del poder político del gobernador, no a las necesidades de la gente”, disparó.

“Una provincia fundida”

Villegas fue más allá y describió un cuadro social y económico crítico, que —según su visión— vuelve “inoportuna” la reforma constitucional.

Enumeró una serie de situaciones que reflejan el deterioro de la provincia:

• Fábricas paralizadas y caída del empleo
• Conflictos salariales en salud y educación
• Escuelas en mal estado y sin clases
• Hospitales con servicios resentidos
• Crisis financiera en la obra social OSEF
• Policías retirados sin cobrar hace más de un año

“Estamos en una Tierra del Fuego fundida. Para pagar salarios se están pidiendo adelantos por 25 mil millones de pesos. Si no fuera por eso, el Estado ya no podría pagar”, aseguró.

En ese marco, cuestionó con dureza el costo del proceso constituyente:

“Quieren gastar miles de millones en una reforma que no le va a cambiar la vida a nadie”.

El argumento de fondo: oportunidad y prioridades

Para el legislador del MPF, el problema no es solo jurídico, sino profundamente político y social.

“No es momento. No es la prioridad. La gente necesita soluciones concretas, no una elección que no va a resolver ninguno de los problemas reales”.

Incluso apeló a ejemplos concretos para graficar la situación:

“Hay jubilados que cobran 600 mil pesos y no llegan a fin de mes. Docentes que tienen que manejar Uber después de trabajar todo el día. Y en ese contexto se impulsa una reforma constitucional”.

Lo que viene: sesión clave y posible choque de poderes

La definición ahora está en manos de la Legislatura, donde podría tratarse la derogación en los próximos días. Si se alcanzan los votos necesarios, el conflicto escalará inevitablemente hacia el Ejecutivo, que podría vetar la ley o abrir una nueva disputa institucional.

Villegas anticipó un escenario complejo:

“No es la mejor situación institucional la que se viene. Va a haber interpretaciones distintas y un debate fuerte”.