Una auditoría interna destapó un sistema sistemático de sobrefacturación, recetas falsas y prestaciones inexistentes. El caso ya tiene derivaciones judiciales y expone uno de los mayores escándalos en el sistema de salud para adultos mayores.

Lejos de tratarse de hechos aislados, el informe describe un esquema sistemático que se repite con patrones idénticos en distritos como Santiago del Estero, Buenos Aires, Entre Ríos y La Rioja, lo que evidencia una operatoria extendida y organizada.

Cómo funcionaba la maniobra

Según los datos relevados, el mecanismo principal era la sobrefacturación de lentes. Prestadores recetaban anteojos de baja graduación, pero facturaban módulos de alta complejidad, multiplicando hasta cinco veces el valor real.

Para dimensionar el fraude: un módulo que costaba alrededor de $4.900 era facturado por más de $27.000.

Pero eso no era todo.

La auditoría detectó además:

• Prestaciones fantasma: consultas, estudios y tratamientos que nunca se realizaron.
• Recetas apócrifas: órdenes médicas sin respaldo clínico o directamente falsificadas.
• Circuitos cerrados: vínculos entre médicos y ópticas que direccionaban a los pacientes.
• Cobros indebidos: jubilados pagando por lentes que debían ser gratuitos.

En algunos casos, los montos resultan directamente escandalosos: afiliados llegaron a abonar hasta 1.500 dólares más de $350.000 por productos que debían estar cubiertos por la obra social.

Casos concretos que alarman

Los números hablan por sí solos.

En Santiago del Estero se detectaron más de 600 casos de sobrefacturación con un perjuicio superior a los 10 millones de pesos, incluso con vínculos familiares entre profesionales y prestadores.

En Entre Ríos, los auditores encontraron cientos de recetas sin datos básicos como la graduación, lo que evidencia la inexistencia real de las prestaciones.

Y uno de los ejemplos más burdos: un profesional que registró casi 700 órdenes médicas en un solo día, algo materialmente imposible.

La trama judicial ya está en marcha

El escándalo no quedó solo en el plano administrativo. Ya existen múltiples causas judiciales en distintas jurisdicciones.

Uno de los expedientes más avanzados se tramita en Santa Fe, donde un médico y una farmacéutica están al borde del juicio oral por emitir cientos de recetas falsas. La investigación incluso logró rastrear las direcciones IP desde donde se generaban las órdenes, que coincidían con computadoras dentro de una farmacia.

Un sistema bajo sospecha

El trasfondo del caso deja una pregunta inquietante: ¿cuánto dinero del sistema de salud de los jubilados fue desviado durante años sin control?

Desde la conducción del organismo aseguran que la actual gestión inició estas auditorías tras detectar un déficit cercano a los 92.000 millones de pesos y que ya se avanzó en recortes de gastos y reestructuración interna.

“Hay un mandato claro de sanear el sistema y erradicar los abusos”, señalaron fuentes del organismo.

Las víctimas: los jubilados

Más allá de los números, el impacto real cae sobre los afiliados.

Jubilados que confiaban en el sistema terminaron siendo parte de maniobras fraudulentas, pagando de más o recibiendo prestaciones que nunca existieron.

El escándalo vuelve a poner en discusión la transparencia en el manejo de los recursos públicos y la vulnerabilidad de uno de los sectores más sensibles de la sociedad.

Porque detrás de cada factura inflada, de cada receta falsa, hay algo más que números: hay derechos vulnerados.
Y un sistema que, una vez más, queda bajo la lupa.