RIO GRANDE.- La evolución del relato gubernamental respecto a la infraestructura energética muestra fisuras evidentes al cotejar los archivos de los últimos cuatro años. Lo que inició como una campaña de soluciones definitivas para el invierno fueguino se transformó, con el paso del tiempo, en una justificación de la falta de avances que hoy genera malestar en la comunidad.
Durante el año 2021, el gobernador Gustavo Melella buscó posicionar la conectividad como el eje de su gestión. En diversos contactos con la prensa, el mandatario aseguraba la ejecución de un plan de gran escala y señalaba que "hacemos 3.000 conexiones para que no sufran más con el tubo", una frase que hoy resuena ante las familias que aún dependen de la garrafa.
En esa misma sintonía se mantuvo la ministra de Obras Públicas, Gabriela Castillo, quien en 2022 redobló la apuesta de los anuncios oficiales. La funcionaria prometió públicamente que para el cierre de ese año unas 2300 familias estarían integradas al sistema de gas natural, una meta que la realidad terminó desmintiendo.
Sin embargo, el giro más polémico en el discurso del mandatario provincial se dio en 2025. Lejos de la empatía inicial por el sufrimiento de los vecinos, Melella argumentó en una charla vecinal que "la gente no se conecta a la red de gas porque es cómoda y no quiere pagar la factura", deslindando así la responsabilidad del Estado en la finalización de los trabajos.
El debate sobre la veracidad de estos anuncios se agrava al analizar el destino de los fondos públicos. Existen montos que sobrepasan los $1.000 millones invertidos en licitaciones y proyectos de gasificación que todavía no fueron terminados, dejando una brecha insalvable entre las promesas del pasado y el presente del servicio en la isla.