Según consta en la causa, el contratista Matías Tabar —socio del grupo Alta Arquitectura— aseguró ante el fiscal federal Gerardo Pollicita haber recibido 245.000 dólares en efectivo para llevar adelante la remodelación de la propiedad ubicada en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz.

Las refacciones se extendieron durante diez meses, entre septiembre de 2024 y julio de 2025, sobre un lote de 400 metros cuadrados. Los trabajos incluyeron desde intervenciones estructurales hasta la incorporación de elementos de lujo que elevaron significativamente el valor del inmueble.

Entre los gastos más llamativos figura la instalación de una parrilla premium valuada en unos 15.000 dólares, además de la construcción de un quincho, una pileta y una cascada ornamental en el jardín, elementos poco habituales incluso en viviendas de alto nivel.

El volumen de la inversión resulta particularmente significativo si se lo compara con el valor de compra declarado de la propiedad, que rondaría los 120.000 dólares. Esta diferencia es uno de los puntos centrales que analiza la Justicia para determinar si existe una desproporción entre los ingresos del funcionario y los fondos utilizados en las obras.

Tabar, citado a indagatoria, presentó documentación respaldatoria que incluye contratos, presupuestos y facturas, lo que refuerza el peso de su testimonio dentro del expediente que se tramita en Comodoro Py.

En este contexto, el caso suma tensión política y mediática, mientras la investigación busca establecer el origen de los fondos y si hubo irregularidades en la declaración patrimonial del funcionario.

La causa sigue en desarrollo y no se descartan nuevas medidas judiciales en los próximos días.