Al analizar el contexto, vinculó el debate con la situación social que atraviesa la provincia. “Me parece lamentable que la política esté discutiendo esto con la situación que está atravesando la gente”, planteó, al describir un panorama marcado por despidos, incertidumbre laboral y dificultades económicas. En esa línea, fue más directo: “En este escenario, discutir estas cuestiones me parece miserable”.

Desde lo jurídico, sostuvo que no existe un proceso electoral consolidado. “Cronograma electoral no hay”, afirmó, y explicó que el único elemento vigente es un decreto que, a su entender, presenta serias inconsistencias. “El decreto es inconstitucional porque parte de una sentencia que no está firme”, indicó.

En ese punto, agregó un cuestionamiento clave al accionar del Ejecutivo. Señaló que el Gobierno no respetó los plazos establecidos por el Superior Tribunal de Justicia, lo que, según su interpretación, invalida el proceso en curso. “Los 120 días van a empezar a correr cuando la Corte resuelva la queja”, sostuvo.

El legislador detalló que la resolución judicial que habilitaría la convocatoria aún no alcanzó firmeza. “La sentencia no está firme porque la Corte todavía no resolvió la queja presentada”, explicó en FM Aire Libre, y remarcó que ese aspecto es determinante para cualquier avance.

También puso el foco en la construcción del decreto. “Asume que la sentencia está firme cuando esto no ha ocurrido”, expresó, al marcar lo que considera un error central en la fundamentación del Gobierno.

Frente a este escenario, confirmó que avanzarán con presentaciones formales. “Vamos a plantear la inconstitucionalidad del decreto ante la Justicia electoral”, anticipó, dejando en claro que el conflicto se trasladará al plano judicial.

En paralelo, cuestionó el trasfondo político de la iniciativa. “El gobernador avanza por un capricho”, afirmó, y vinculó el impulso de la reforma con una lógica de poder. “Quieren reformar la Constitución para perpetuarse”, agregó.

Además, defendió la decisión legislativa de frenar el proceso, al considerar que responde a una lectura más cercana de la realidad social. “La gente está preocupada por llegar a fin de mes, por sostener su trabajo”, señaló.

Por último, se refirió a la ley de goteo de coparticipación y rechazó las críticas del oficialismo. “No es destituyente, es garantizar que los fondos lleguen a los municipios como corresponde”, sostuvo.

Con un frente judicial en marcha y posiciones cada vez más endurecidas, el conflicto por la reforma constitucional suma un nuevo capítulo, donde la interpretación legal será determinante para definir el rumbo del proceso.