RIO GRANDE.- Desde la zona de Río Cullen, el gobernador Gustavo Melella confirmó que dejará sin efecto la normativa sancionada por la Legislatura que pretendía dar de baja la Ley 1529. El mandatario fue determinante al señalar que el proceso institucional para modificar la Carta Magna fueguina sigue su curso y que no se ha suspendido la elección de convencionales.

El jefe de Estado provincial aclaró que, desde la perspectiva legal, la reforma no se detiene y adelantó que en los próximos días se difundirá el cronograma electoral definitivo. Según su visión, el debate no debe quedar atrapado en cuestiones presupuestarias, ya que a su criterio "no hay que tenerle miedo a la reforma constitucional" y sugirió que ciertos sectores buscan sostener esquemas de privilegio.

Al referirse al impacto económico de la Convención, Melella comparó los gastos y afirmó que la inversión será menor a lo que representaría sumar cuatro legisladores más en el futuro, pasando de 15 a 19 bancas. El Gobernador insistió en que el objetivo de fondo es eliminar los cargos vitalicios y las reelecciones sin límite, además de brindar protección constitucional al sistema educativo y buscar garantías para los sueldos en las áreas de salud y educación.

Respecto a la derogación votada por la mayoría del parlamento fueguino, el mandatario respondió con un "por supuesto" al ser consultado sobre el veto. Explicó que el conflicto podría derivar en una insistencia legislativa o terminar bajo análisis del Superior Tribunal de Justicia, pero recalcó que la convocatoria a las urnas para elegir a los encargados de la reforma se mantiene firme.

Goteo

En otro tramo de sus declaraciones, Melella utilizó términos muy fuertes para describir la ley de goteo que establece transferencias diarias de fondos a las intendencias. Calificó la medida como "destituyente" y trazó un paralelismo con los sucesos que derivaron en la salida del exgobernador Jorge Colazo, sugiriendo que la norma busca condicionar políticamente la gestión provincial.

El mandatario alertó que la aplicación de este sistema de goteo financiero dificultará el cumplimiento de las obligaciones básicas, asegurando que "lo que va a llevar mínimamente es a que no puedas pagar salarios". En ese marco, cuestionó el aval de algunos sectores sindicales a la iniciativa, señalando una contradicción entre los intereses de los empleados municipales y los de la administración central.

Para concluir, el Ejecutivo se refirió a la actualidad de la discusión salarial con los gremios. Aclaró que las paritarias no se consideran cerradas y que, tras el rechazo a la última propuesta oficial, los representantes de los trabajadores ya tienen una nueva cita para retomar las conversaciones la semana entrante.