RIO GRANDE.- Vecinos de la margen sur sostienen una protesta frente a la Delegación de Gobierno provincial en reclamo por la situación del gas envasado y la falta de avances en obras de conexión domiciliaria. La medida se mantiene desde hace dos días y, según señalaron, continuará hasta obtener respuestas concretas de las autoridades.
Los manifestantes pertenecen a distintos sectores de la ciudad y se organizaron con guardias rotativas para permanecer en el edificio ubicado sobre avenida San Martín. Mientras esperan definiciones oficiales, realizan ollas populares y aseguran que el conflicto viene creciendo desde hace meses sin que exista una solución.
Entre los principales cuestionamientos aparece la reducción en la provisión subsidiada de gas, situación que comenzó hace alrededor de siete meses con un recorte de 50 kilos por grupo familiar. A eso se agregó una fuerte actualización tarifaria que, según denunciaron, elevó el precio de la garrafa de 3.600 a 13.500 pesos.
Los vecinos sostienen que el incremento, que ronda el 275 por ciento, dejó a numerosas familias en una situación límite. “Tenés que elegir entre calefaccionarte o comprar comida”, expresaron durante la permanencia en la Delegación.
En paralelo, remarcaron que ya habían presentado distintos pedidos formales y solicitudes de información pública que no fueron respondidos dentro de los plazos establecidos. “Hace siete meses que reclamamos y nadie nos da una respuesta”, afirmaron.
Otro de los puntos que genera malestar está relacionado con obras de gas prometidas para distintos barrios de la ciudad. Los manifestantes aseguran que existían fondos asignados mediante la Ley de Bonos de Emergencia, aunque las conexiones anunciadas nunca se concretaron.
En ese marco, exigen precisiones sobre el destino de los recursos y reclaman explicaciones sobre unas 3.300 conexiones que, según indicaron, habían sido comprometidas tiempo atrás.
El conflicto alcanza a miles de familias que todavía dependen del gas envasado o que, aun teniendo la red cerca de sus viviendas, no cuentan con recursos para afrontar la instalación interna. Según estimaciones de los propios vecinos, serían más de 3.000 los afectados.
También cuestionaron cambios recientes en el esquema de subsidios y señalaron que muchas notificaciones llegaron con apenas días de anticipación. “No nos pueden avisar de un día para el otro que nos reducen el beneficio”, remarcaron.
Además, indicaron que gran parte de las familias afectadas no tiene posibilidades de acceder a créditos para costear las conexiones domiciliarias, ya sea por ingresos insuficientes o por condiciones laborales informales.
Los vecinos advirtieron que, si no aparecen respuestas oficiales en las próximas horas, podrían profundizar las medidas de protesta. “El frío no espera”, resumió una de las manifestantes al describir la situación que atraviesan numerosas familias de la ciudad.