RIO GRANDE.- Una nueva jornada de protesta tuvo lugar frente a la Delegación de Gobierno en la zona norte de la provincia. Los exagentes de la Policía Territorial manifestaron su descontento ante la falta de soluciones oficiales en un conflicto que arrastra casi doce meses de reclamos constantes.

La concentración se localizó en las puertas del edificio de San Martín 10. Allí, los manifestantes reiteraron el pedido de intervención inmediata tanto del Poder Ejecutivo como de los responsables de la caja previsional del sector para destrabar la situación salarial.

El origen de la disputa se fundamenta en las inconsistencias halladas en el cálculo de los haberes jubilatorios. Los afectados señalaron que el sistema actual no refleja fielmente los años de servicio prestados durante la transición de la fuerza hacia la órbita provincial.

Marisa Fontana, familiar de uno de los damnificados, remarcó que antes del año 1992 la institución dependía de Nación y los efectivos contribuían al sistema de la Policía Federal. Incluso detalló que en aquel entonces se había conformado una caja compensadora propia para garantizar mejores condiciones al momento del cese laboral.

A partir del convenio firmado en 1994, se estipuló un régimen de financiamiento compartido entre la administración central y la provincia. Según los denunciantes, los agentes cumplieron con los descuentos sobre el total de sus remuneraciones para ambos sistemas durante un extenso período.

La principal crítica radica en la base de cálculo utilizada para el pago de los retiros. Fontana explicó que se aplicaron deducciones sobre todos los rubros del sueldo, pero que esa misma proporcionalidad desaparece al cobrar la jubilación porque “les descontaban sobre todos los ítems, pero cuando se retiran no les pagan sobre todo el sueldo”.

El grupo también manifestó su alarma por la solvencia de la caja de previsión policial. En este sentido, rechazaron las versiones que apuntan a un déficit financiero, ya que consideran que esto genera incertidumbre en toda la familia policial.

El suboficial mayor retirado Alfredo José Gatti advirtió que el panorama actual impacta directamente en la moral de quienes están en actividad. El vocero sostuvo que “cuando dicen que la caja está quebrada, el policía que está trabajando hoy también empieza a preocuparse por su futuro”.

Ante la ausencia de respuestas por el canal administrativo, el sector ya evalúa trasladar el caso a los tribunales. Gatti adelantó que un equipo de abogados analiza los pasos a seguir para formalizar presentaciones ante los estamentos superiores de la Justicia provincial.

Finalmente, los movilizados subrayaron que el factor tiempo es determinante debido a la avanzada edad y la fragilidad de salud de muchos de los retirados. Por tal motivo, confirmaron que mantendrán las medidas de fuerza en la calle para que el reclamo no pierda vigencia.