En declaraciones a FM Fuego, el secretario de Representación Política, Federico Giménez, intentó justificar la medida asegurando que responde a una “reorganización del gasto” y a la caída de recursos provinciales. Sin embargo, sus propias palabras expusieron el núcleo del conflicto: el Gobierno decidió reducir subsidios aun cuando existen obras inconclusas y miles de vecinos siguen sin acceso al gas natural.

Mientras las temperaturas comienzan a desplomarse y la crisis económica golpea a los hogares fueguinos, la respuesta oficial se centra en pedirle a la gente que “haga el esfuerzo” para conectarse a una red que, en muchos casos, nunca fue terminada.

“Hay vecinos que hace siete años tienen el gas pasando por afuera de la casa y no se conectan”, sostuvo Giménez, al tiempo que confirmó que las familias con red disponible sufrirán una reducción en la cantidad de tubos subsidiados y tendrán 90 días para conectarse.

La explicación oficial encendió todavía más el enojo de los vecinos que permanecen en protesta en la Delegación de Gobierno. Allí denuncian que el problema no es la voluntad de conectarse, sino el incumplimiento de obras prometidas desde hace años y el costo imposible de afrontar para familias atravesadas por desempleo, salarios deteriorados y pobreza creciente.

El propio funcionario reconoció que el Gobierno no logró completar las conexiones previstas. Según indicó, desde 2020 se avanzó sobre unas 1.400 familias, aunque originalmente existían más de 3.300 conexiones proyectadas en Río Grande.

Esa cifra es justamente una de las grandes preguntas que sostienen los vecinos: ¿qué pasó con las obras anunciadas y con los fondos destinados a concretarlas?

A pesar de ello, el Gobierno insiste en profundizar la segmentación del subsidio. La medida ya comenzó a impactar sobre cientos de familias que dependen exclusivamente del gas envasado para calefaccionarse, cocinar y sobrevivir durante el invierno fueguino.

Giménez confirmó además que un tubo de 45 kilos cuesta actualmente alrededor de 110 mil pesos y que el usuario paga apenas una parte gracias al subsidio provincial. Pero lejos de representar alivio, el dato terminó exponiendo el drama social: para muchos hogares, incluso el porcentaje subsidiado ya resulta imposible de afrontar.

La situación se vuelve todavía más crítica cuando desde el propio Gobierno reconocen que el plan oficial contempla créditos del Banco Tierra del Fuego para costear conexiones domiciliarias. El problema es que la mayoría de las familias afectadas no califica para acceder a financiamiento o directamente no puede asumir nuevas deudas en medio de la crisis.

Mientras tanto, en la Delegación de Gobierno continúan las guardias rotativas, las ollas populares y las familias esperando respuestas. Del otro lado, los funcionarios hablan de “equidad” y “segmentación” mientras el frío empieza a sentirse con más fuerza en los barrios donde todavía vivir sin gas natural es parte de la rutina diaria.