Las declaraciones de la referente del Partido Verde se dan en un contexto de fuerte malestar social, con vecinos de distintos barrios de la Margen Sur sosteniendo protestas frente a la Delegación de Gobierno en Río Grande y denunciando falta de respuestas oficiales.

Durante una entrevista radial en FM Provincia, Colazo sostuvo que el decreto impulsado por el Ejecutivo provincial no contempla la realidad económica de cientos de familias que dependen del subsidio para poder calefaccionarse.

“Es una medida que resultó inequitativa e injusta en muchos casos”, afirmó la legisladora.

La dirigente explicó que muchos hogares no tienen posibilidades reales de conectarse a la red de gas natural en los plazos establecidos por el Gobierno.

“Hay personas que no tienen los recursos para poder generar en 90 días conectar su casa a una red de gas natural”, señaló.

En ese sentido, remarcó que numerosas familias tampoco pueden acceder a créditos bancarios debido a la situación económica que atraviesan.

“Otros vecinos tienen sus tarjetas de crédito súper comprometidas y no son sujetos de crédito para poder acceder a conectarse al gas”, expresó.

Las críticas de Colazo coinciden con el reclamo que vienen sosteniendo vecinos de la Margen Sur, quienes denuncian que “los dejaron sin gas en las puertas del invierno” y cuestionan además las obras inconclusas de conexión domiciliaria prometidas por el Gobierno provincial.

La legisladora fue más allá y advirtió que el problema no se limita únicamente al costo del servicio, sino a una crisis social cada vez más profunda.

“La mayor parte de los casos que nosotros estamos escuchando tienen que ver con familias que no pueden abonar el gas si no es con estos subsidios”, sostuvo.

Además, alertó sobre las consecuencias que puede tener la reducción de la asistencia estatal en sectores vulnerables.

“Estamos hablando de niños, de niñas que están en barrios que ya carecen de servicios y que ahora estamos complicando también el acceso al gas”, manifestó.

Según detalló Colazo, actualmente existen alrededor de 6.000 familias beneficiarias del sistema de subsidios, por lo que reclamó suspender la aplicación del decreto hasta realizar un relevamiento profundo caso por caso.

“Hasta que no se haga ese trabajo nosotros no queremos que se aplique esta disminución de la ayuda”, remarcó.

En paralelo, la tensión social continúa creciendo. Vecinos que mantienen la protesta frente a la Delegación de Gobierno denunciaron que llevan más de 40 horas esperando respuestas y cuestionaron a funcionarios provinciales por la falta de soluciones concretas.

Colazo también vinculó el conflicto con el duro escenario económico que atraviesa Tierra del Fuego y pidió mayor diálogo político para enfrentar la emergencia social.

“Las familias no llegan a fin de mes y aun las familias que tienen un ingreso están haciendo un enorme esfuerzo para sostener sus gastos básicos”, aseguró.

Mientras crecen los reclamos en distintos barrios de Río Grande y Ushuaia, el debate por los subsidios al gas se convirtió en uno de los temas más sensibles de la agenda provincial en plena llegada de las bajas temperaturas.