El caso salió a la luz luego de que el programa televisivo “Telenueve Denuncia” difundiera correos internos del Palacio San Martín que comprometerían a funcionarios del área de Compras y Contrataciones de Cancillería. La documentación revelaría que la adjudicación del contrato por más de 114 millones de pesos ya estaba preparada meses antes de que se publicara oficialmente la licitación.

La beneficiaria fue la Asociación Argentina de Cultura Inglesa, dirigida por María Josefina Rouillet, esposa de Sturzenegger, quien obtuvo un contrato para brindar cursos de inglés al personal diplomático y administrativo de la Cancillería.

El punto más explosivo del caso es el contenido de un correo interno enviado por Mariano Méndez, coordinador de Compras y Contrataciones, a una funcionaria subordinada. “Lu, favor tramitar la convocatoria, conforme la que preparamos al inicio del año”, señala el mensaje que ahora se encuentra en el centro de la polémica.

Para la investigación periodística, esa frase demostraría que el pliego ya estaba armado con anticipación y diseñado a medida para que existiera una sola empresa capaz de cumplir con los requisitos establecidos. Es decir, una licitación hecha prácticamente “a medida”.

La contratación se realizó mediante el mecanismo de “Adjudicación Simple por Especialidad”, un procedimiento excepcional que limita la competencia y que en este caso terminó favoreciendo a la firma vinculada al entorno familiar de uno de los ministros más influyentes del gabinete libertario.

Paradójicamente, el mismo gobierno que construyó su identidad política denunciando privilegios, corrupción y negocios de la “casta”, ahora enfrenta acusaciones que muestran las prácticas más tradicionales y cuestionadas de la política argentina: direccionamiento de contratos, favoritismo y utilización del aparato estatal para beneficiar a sectores cercanos al poder.

Aunque el expediente activó los mecanismos de control previstos en el Decreto 202/2017, con intervención de la Oficina Anticorrupción y la Sindicatura General de la Nación, el escándalo político ya quedó instalado.

El contrato adjudicado equivale a unos 78 mil dólares al tipo de cambio del momento y tiene una duración inicial de nueve meses, con posibilidad de prórroga por igual período.

Mientras el gobierno nacional impulsa un fuerte ajuste sobre jubilados, trabajadores, universidades y programas sociales, la aparición de este tipo de maniobras genera cada vez más cuestionamientos sobre el verdadero funcionamiento del modelo libertario y sobre quiénes terminan beneficiándose del Estado que prometían achicar.