RIO GRANDE.- Luego de permanecer durante siete días dentro de la Delegación de Gobierno ubicada sobre San Martín al 10, vecinos autoconvocados de la Margen Sur resolvieron suspender temporalmente la permanencia pacífica y otorgar un plazo de 48 horas al Ejecutivo provincial para obtener respuestas concretas sobre la continuidad del subsidio al gas envasado.

La decisión fue comunicada tras la presentación de una ampliación del pronto despacho impulsado por las familias afectadas, en el que además incorporaron un hecho que consideran determinante. Se trata de la explosión ocurrida días atrás en una vivienda de la calle Lauja al 200, en el barrio La Esperanza, donde un vecino permanece internado con graves quemaduras. Los manifestantes sostienen que “no es un accidente fortuito”, sino “la consecuencia directa de la mora legal del Estado” en las conexiones domiciliarias de gas.

Durante una extensa entrevista, los vecinos cuestionaron duramente al gobernador Gustavo Melella por la falta de respuestas y por el avance de la reducción del beneficio. “Estamos cansados y agotados totalmente de que el gobernador juegue con nosotros, juegue al desgaste y juegue a que pasemos frío”, expresó una de las vecinas que encabezó la permanencia.

Otro de los referentes recordó que el último contacto con el mandatario provincial fue el sábado pasado y aseguró que nunca se confirmó una reunión formal. “Una falta total de respeto del gobernador que nunca ni siquiera contestó qué día o en qué horario iba a responder la nota”, sostuvo.

Los vecinos remarcaron que el conflicto excede únicamente la discusión por el subsidio y apuntaron directamente al incumplimiento de las obras de conexión domiciliaria que debían ejecutarse con fondos ya asignados. “Tenemos red de gas enfrente y no tenemos las obras terminadas. Entonces, ¿qué pasó con la plata?”, cuestionaron.

En el documento presentado ante el Gobierno provincial, los manifestantes señalaron además que el FAMP cuenta con más de 250 millones de dólares acumulados y reclamaron que parte de esos fondos sean destinados de manera inmediata a completar las conexiones de 6.507 hogares fueguinos.

La tensión creció en las últimas horas ante la posibilidad de nuevas protestas. Algunos vecinos reconocieron que dentro de las alternativas analizadas aparece la posibilidad de cortar el puente General Mosconi, aunque admitieron las diferencias internas respecto de esa medida. “No tenemos otra forma porque no nos contestan para nada”, afirmó una de las mujeres presentes.

También hubo fuertes críticas hacia el esquema de devolución de los 200 kilos subsidiados y las dificultades burocráticas para acceder al beneficio. “Te inspeccionan hasta el punto y coma del DNI y mientras tanto la gente se queda sin gas”, cuestionaron.

En medio del reclamo, otra frase reflejó el nivel de malestar social que atraviesa la zona sur de Río Grande. “Muchas familias hoy tienen que decidir entre calefaccionarse o comer”, señalaron.

Los vecinos aseguraron que volverán a reunirse en asamblea una vez cumplidas las 48 horas y definirán allí cómo continuará el reclamo. Mientras tanto, mantienen el estado de alerta y advierten que la situación social podría agravarse si no aparecen respuestas inmediatas del Ejecutivo provincial.