La investigación se inició a partir de una denuncia presentada por la diputada nacional Marcela Pagano, quien advirtió inconsistencias patrimoniales en torno al actual diputado bonaerense y exfuncionario del Ministerio de Defensa.

El expediente quedó radicado en el Juzgado Federal N°6, subrogado por el juez Daniel Rafecas, quien delegó la investigación en la fiscalía de Marijuán. Según trascendió, el fiscal ya ordenó una batería de medidas de prueba que incluyen pedidos de informes a más de 30 organismos públicos y privados, además del levantamiento del secreto fiscal y bancario del dirigente libertario.

El crecimiento patrimonial bajo sospecha

Francisco Adorni llegó a la estructura estatal de la mano de su hermano, primero como titular de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Defensa y posteriormente al frente del Instituto de Ayuda Financiera para pagos de retiros y pensiones militares (IAF). Más tarde consiguió una banca en la Legislatura bonaerense integrando el bloque de La Libertad Avanza.

La denuncia pone el foco en la evolución de su patrimonio declarado ante la Oficina Anticorrupción. En su declaración jurada correspondiente a 2024 informó poseer el 50% de una vivienda en City Bell valuada en casi 39 millones de pesos, además de un vehículo Chery Tiggo modelo 2017 y bienes por un total cercano a los 44 millones de pesos.

Sin embargo, apenas un año después, declaró un patrimonio neto superior a los 80 millones de pesos. El incremento patrimonial habría coincidido con la compra de una camioneta Jeep Renegade y la cancelación anticipada de un crédito hipotecario del Banco Provincia cercano a los 60 millones de pesos.

Según la presentación judicial de Pagano, los ingresos del funcionario no alcanzarían para justificar semejante cancelación en tan corto plazo, lo que encendió las alarmas sobre un posible origen irregular de los fondos.

La Justicia avanza con pedidos de información

Marijuán solicitó información patrimonial y financiera a organismos como ARCA, ARBA, AGIP, UIF, Banco Central y Migraciones. También pidió precisiones al Banco Provincia sobre el crédito hipotecario cancelado por Adorni, incluyendo cronogramas de pago, refinanciaciones y documentación respaldatoria.

La Justicia además buscará determinar si Francisco Adorni integró sociedades comerciales o si registra movimientos financieros incompatibles con sus ingresos declarados.

En paralelo, el fiscal dejó asentado en su dictamen que las referencias realizadas por Pagano sobre Manuel Adorni no serán investigadas dentro de este expediente, debido a que el portavoz presidencial ya se encuentra bajo análisis en otra causa judicial que tramitan el juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita.

Un nuevo golpe político para La Libertad Avanza

La causa judicial impacta de lleno en el círculo más cercano del presidente Milei y vuelve a poner bajo la lupa el discurso anticasta que el oficialismo utilizó como bandera electoral.

Mientras el Gobierno insiste con un relato de austeridad y transparencia, la sucesión de denuncias, investigaciones y presuntos casos de corrupción comienza a erosionar la imagen pública de una administración que atraviesa semanas de fuerte tensión política y creciente malestar social.

El avance de la investigación judicial sobre la familia Adorni amenaza ahora con convertirse en otro foco de desgaste para una gestión nacional que ya enfrenta cuestionamientos por la caída del empleo, el ajuste económico y las permanentes polémicas internas.