El edil explicó que la normativa aprobada en Río Grande no fue pensada para una aplicación en particular, sino para cualquier plataforma de intermediación digital que quiera operar en la ciudad. “La regulación no es para Uber específicamente, sino para cualquier plataforma electrónica”, sostuvo.

Bogado defendió la necesidad de establecer reglas comunes para taxis, remises y aplicaciones, señalando que no puede existir una misma actividad funcionando bajo exigencias distintas. “Si tenemos la misma actividad con diferente regulación, generamos competencia desleal”, expresó durante distintas entrevistas radiales.

La ordenanza impulsada por el Concejo Deliberante fija condiciones mínimas para quienes trabajen mediante plataformas: licencia profesional, seguros obligatorios, matafuegos, requisitos de seguridad y vehículos con antigüedad limitada, además de un cupo inicial de 800 unidades habilitadas.

Sin embargo, el propio concejal reconoció que la discusión excede lo estrictamente normativo y está profundamente vinculada a la situación social y laboral que atraviesa Río Grande.

“El problema de fondo es la pérdida de empleo”, planteó Bogado, quien habló de una ciudad golpeada por la caída de puestos laborales en sectores industriales y productivos, situación que empuja a muchas personas a volcarse a las plataformas digitales como salida económica inmediata.

En ese sentido, advirtió sobre los riesgos de precarización que existen detrás de estas aplicaciones. “No podemos permitir que la necesidad se convierta en esclavitud”, sostuvo, cuestionando esquemas donde conductores terminan trabajando jornadas extensas sin garantías laborales claras.

Bogado también insistió en que el debate no debe transformarse en una disputa entre trabajadores. Por el contrario, pidió construir consensos entre taxistas, remiseros, conductores de plataformas y usuarios, entendiendo que la realidad económica modificó profundamente el sistema de transporte urbano en la ciudad.

Mientras las aplicaciones continúan creciendo y ganando usuarios, el desafío para el Municipio será encontrar un equilibrio entre la modernización del sistema, la protección laboral y la convivencia con los servicios tradicionales, en una ciudad donde el transporte se convirtió también en reflejo de una crisis económica cada vez más visible.