La medida impacta de forma directa sobre más de 600 trabajadores de planta permanente y pone en riesgo alrededor de 1.000 empleos indirectos, incluyendo fasoneras y cooperativas vinculadas a la cadena productiva. En ese marco, en un primer momento circularon versiones sobre la posibilidad de avanzar en la desvinculación de hasta 200 operarios hacia fin de año, supeditado a la evolución del mercado interno y la situación productiva de la empresa. Si bien no se trata de una decisión formalizada, el dato encendió la preocupación en el sector metalúrgico y en el ámbito gremial.

A esto se suma un proceso previo de retiros voluntarios que ya habría implicado la salida de unos 240 trabajadores, lo que profundiza el clima de incertidumbre en la planta.

En paralelo, la empresa evalúa junto a la Unión Obrera Metalúrgica el adelantamiento de vacaciones como mecanismo para cubrir el período sin producción, una alternativa que genera resistencia gremial. La conducción de la UOM Río Grande, encabezada por Oscar Martínez, rechazó la aplicación de medidas como el “banco de horas” y advirtió además sobre el punto más sensible de la negociación: el pago de los salarios durante el parate, una incógnita que incluso fue reconocida por la propia representación sindical al señalar que “esa duda es la que tenemos todos”.

El conflicto abre también una discusión de fondo en la industria fueguina. Desde el sector se apunta al derrumbe del consumo interno como principal factor de la crisis, con una caída marcada en la demanda de electrodomésticos como televisores y aires acondicionados. A esto se suma el problema del exceso de stock, con depósitos colmados de mercadería sin salida comercial, lo que profundiza el freno productivo.

En el plano macroeconómico, referentes industriales advierten además el impacto de la apertura de importaciones, la reducción de márgenes de protección del subrégimen industrial y la incertidumbre sobre las políticas nacionales hacia Tierra del Fuego, factores que —según señalan— agravan un escenario ya recesivo y de fuerte contracción del mercado interno.

Mientras tanto, en la planta de Río Grande se multiplican las asambleas y el estado de alerta. La tensión crece entre la necesidad de sostener la actividad y el temor concreto a una nueva ola de pérdida de puestos de trabajo en una ciudad que ya viene acumulando señales de retracción industrial y deterioro del empleo en el sector metalúrgico.

El futuro inmediato de BGH queda atado a una variable clave: la recuperación del consumo. Sin embargo, en el corto plazo, la realidad que se impone en Río Grande es la de una industria en pausa, trabajadores en incertidumbre y un conflicto que vuelve a poner en el centro del debate el modelo productivo de la provincia.