Pese a que el Tribunal de Cuentas Municipal había prorrogado hasta el 15 de mayo el plazo para la presentación de las declaraciones juradas patrimoniales y financieras previstas en la Ordenanza Municipal Nº 2831/2010, aún existen faltantes dentro del Concejo Deliberante.

La medida había sido oficializada el 25 de marzo mediante una publicación del organismo de control, otorgando más tiempo para que los funcionarios regularizaran la situación a través del Sistema de Declaraciones Juradas con firma digital. Sin embargo, vencido el nuevo plazo, continúan apareciendo ausencias en los registros oficiales.

Uno de los nombres que figura sin presentación es el del concejal Matías Löffler (MPF), quien, de acuerdo a la información pública disponible en la página del Tribunal de Cuentas, arrastraría varios años sin completar la documentación patrimonial correspondiente.

También aparece el caso de la recientemente asumida concejal Verónica Martínez (FORJA), quien debía presentar su declaración jurada de designación pocos días después de asumir el cargo, algo que hasta el momento no se encontraría publicado.

A la lista se suman Alejandra Arce (Provincia Grande), Federico Runin (FORJA) y la presidenta del Concejo Deliberante, Guadalupe Zamora (MPF), quienes tampoco habrían cumplido con la presentación dentro del plazo extendido establecido por el organismo de control.

Además, la ex concejal y actual ministra de Bienestar Ciudadano y Justicia de Tierra del Fuego, Lucía Rossi (FORJA), tampoco tendría presentada la declaración jurada anual de cese, requisito obligatorio para quienes abandonan funciones públicas para asumir nuevos cargos dentro del Estado.

Según pudo constatarse en la página oficial del Tribunal de Cuentas Municipal, hasta este lunes 18 de mayo a las 17 horas las declaraciones juradas correspondientes aún no aparecían publicadas en el sistema oficial.

La situación genera cuestionamientos no solo por el incumplimiento administrativo, sino también por el doble discurso político. Mientras algunos concejales o referentes de sus propios espacios salen públicamente a exigir explicaciones patrimoniales en causas mediáticas nacionales, en el ámbito local ni siquiera cumplen con presentar la documentación obligatoria que permite justamente transparentar el patrimonio de los funcionarios.

Nadie aquí defiende ni acusa a nadie. Pero resulta difícil sostener discursos sobre transparencia, control o ética pública cuando ni siquiera se presenta la declaración jurada en tiempo y forma. Mucho discurso sobre moral pública y corrupción ajena, pero puertas adentro todavía hay funcionarios que siguen sin cumplir con una obligación elemental ante la ciudadanía.