Luego de que este medio expusiera que varios integrantes del Concejo Deliberante no tenían disponibles sus declaraciones juradas patrimoniales en el sistema oficial del Tribunal de Cuentas Municipal, en las últimas horas comenzaron a aparecer documentos que hasta ese momento no figuraban publicados.

El movimiento llamó la atención porque la actualización se produjo pocas horas después de la repercusión pública de la nota periodística y abrió interrogantes sobre el funcionamiento de los mecanismos de control y acceso a la información pública dentro del organismo encargado justamente de garantizar la transparencia institucional.

Documentos que no estaban y comenzaron a aparecer

La investigación periodística de RED23 Noticias había advertido inconsistencias y faltantes en las presentaciones obligatorias de algunos concejales y exfuncionarios municipales.

Tras la difusión del informe, parte de esa documentación comenzó a incorporarse al sistema oficial del Tribunal de Cuentas, aunque la situación todavía está lejos de quedar completamente regularizada.

Uno de los casos más llamativos sigue siendo el de la exconcejal y actual ministra provincial Lucia Rossi, quien continúa sin tener presentada la declaración jurada correspondiente al año 2025 ni tampoco la documentación vinculada a su salida del Concejo Deliberante tras asumir funciones en el Ejecutivo provincial.

La situación adquiere relevancia porque las declaraciones juradas constituyen una obligación legal destinada a transparentar la evolución patrimonial de los funcionarios públicos antes, durante y después del ejercicio de cargos institucionales.

El caso Löffler: sin declaraciones desde que asumió

Pero el escenario más delicado continúa siendo el del concejal mopofista Matias Löffler.

Según pudo verificarse, no figura ninguna declaración jurada patrimonial desde su asunción como integrante del Concejo Deliberante de Río Grande.

Es decir, directamente no existiría documentación pública disponible vinculada a su evolución patrimonial como funcionario, una situación que profundiza los cuestionamientos sobre los controles institucionales y el cumplimiento efectivo de las obligaciones administrativas por parte de representantes políticos de la ciudad.

Transparencia bajo cuestionamiento

La situación vuelve a poner en debate el funcionamiento del sistema de control institucional en Río Grande y el rol que cumplen los organismos encargados de garantizar el acceso ciudadano a la información pública.

El hecho de que documentación comenzara a aparecer recién después de una publicación periodística expone además la importancia del trabajo de investigación y del seguimiento público sobre el cumplimiento de obligaciones que deberían encontrarse actualizadas de manera permanente y accesible para toda la comunidad.

En un contexto donde la sociedad reclama cada vez más transparencia y control sobre el patrimonio de funcionarios y dirigentes políticos, la polémica por las declaraciones juradas vuelve a instalar interrogantes incómodos sobre cuánto control real existe sobre quienes administran recursos públicos.