RIO GRANDE.- La Legislatura recibió un documento técnico que expone el crítico escenario financiero que atraviesa el organismo encargado de los haberes del personal pasivo de seguridad. Bajo el nombre de "Reconocimiento Progresivo del Colapso Previsional Policial y Consolidación Administrativa de la Mora Previsional", la presentación formalizada este 18 de mayo de 2026 ataca la validez jurídica de las Resoluciones 148/2025 y 040/2026 emitidas por la Caja Previsional Policial y Penitenciaria Provincial. El planteo advierte que ambas normativas convalidan de forma oficial la quiebra operativa del régimen especial.

De acuerdo con el texto ingresado por mesa de entradas, las disposiciones objetadas traducen la incapacidad real de la institución para cumplir en tiempo y forma con los pagos mensuales y las compensaciones salariales acordadas. El escrito puntualiza que la resolución dictada el año pasado inauguró una metodología de desembolsos restrictivos supeditada a prioridades fijadas de manera arbitraria según el dinero en caja. Ese temperamento administrativo habría condicionado la liquidación de los beneficios previsionales a las partidas presupuestarias disponibles en el día a día.

La presentación profundiza sus cuestionamientos sobre la normativa de este año, señalando que el Directorio del organismo reconoció textualmente la escasez de fondos líquidos y la consolidación de un desequilibrio fiscal crónico. Ante ese panorama, el ente debió solicitar auxilio presupuestario de carácter extraordinario a la administración central de la provincia, admitiendo que no se pueden cubrir las obligaciones corrientes de los pasivos. La denuncia subraya que la postergación de los pagos dejó de configurarse como una anomalía temporal para volverse una herramienta ordinaria de gestión del bache financiero.

El texto advierte que las consecuencias de la falta de aportes estatales repercuten directamente sobre la economía de los retirados y pensionados de la fuerza, quienes soportan quitas indirectas y reprogramaciones en ingresos de naturaleza alimentaria. En igual sentido, se reprocha la inexistencia de peritajes contables y estudios actuariales autónomos que clarifiquen el pasivo acumulado por el Estado y el impacto de no aplicar el artículo 69 de la Ley Provincial 735. La acusación apunta a determinar las fallas funcionales y patrimoniales de los cuadros políticos que condujeron al vaciamiento de las cuentas.

La argumentación legal de los reclamantes hace foco en el carácter prioritario de los sueldos de la clase pasiva frente a las contingencias del tesoro público. En uno de los párrafos más severos, el documento asevera que "La administración no puede convertir una obligación previsional alimentaria en una prestación condicionada al saldo de caja disponible." Bajo esa premisa, los peticionantes formularon reservas de derechos para elevar la controversia a los tribunales locales, dependencias constitucionales y cortes internacionales si persiste el perjuicio económico detallado.

El pliego de solicitudes elevado a los bloques legislativos demanda la anulación de las dos resoluciones de la Caja, la suspensión de eventuales proyectos de reforma del sector y la citación urgente de los directores responsables del área. El requerimiento exige además auditorías externas y un mecanismo que asegure la regularidad de los haberes obligatorios. El escrito fue distribuido con copias certificadas a la Gobernación, la Fiscalía de Estado, el Tribunal de Cuentas y la Jefatura de Policía, llevando la firma del Subcomisario retirado Daniel Ariel Torales, referente de los efectivos del ex Territorio Nacional.