En declaraciones a FM Provincia, Rauch sostuvo que lo ocurrido en los últimos días refleja un problema más profundo relacionado con el funcionamiento del sistema republicano y el equilibrio de poderes previsto por la Constitución.

“Lo observo con una marcada preocupación. Esto es consecuencia del paulatino desmanejo en que se encuentra hoy el ejercicio del poder en la provincia”, afirmó.

Para el abogado, el punto más delicado del conflicto es que un órgano con funciones administrativas haya avanzado sobre decisiones del máximo órgano judicial.

“Se produjo una situación absolutamente increíble e insólita: que un órgano como el Consejo de la Magistratura pretenda emplazar o darle órdenes a la cabeza del Poder Judicial”, sostuvo.

Rauch recordó que el Consejo fue concebido para intervenir en la selección y remoción de magistrados, pero no para condicionar institucionalmente al Superior Tribunal.

“No es función del Consejo colocarse por arriba del Poder Judicial ni darle indicaciones a los miembros del Superior Tribunal. Las reglas del juego hay que respetarlas”, expresó.

Uno de los aspectos que más cuestionó fue la situación generada alrededor de la participación de la jueza Miriam Cristiano, quien integra el Superior Tribunal y al mismo tiempo preside el Consejo de la Magistratura.

“No solo integra el Superior Tribunal sino que además preside el cuerpo que tomó esta decisión. Es una situación sumamente contradictoria y muy difícil desde el punto de vista institucional”, señaló.

Rauch también puso en discusión los argumentos utilizados para sostener que el Consejo tendría la última palabra sobre la designación de jueces y explicó que revisó antecedentes históricos para analizar el origen del sistema fueguino.

“Fui a revisar los diarios de sesiones de la Convención Constituyente y no existe ninguna referencia que permita afirmar que el Consejo tenga poder exclusivo para decidir quién será juez”, afirmó.

En ese marco, sostuvo que el problema también deja expuestas falencias históricas en el mecanismo de selección de magistrados.

“La primera condición tiene que ser la idoneidad. Para eso hacen falta exámenes objetivos, anónimos y evaluaciones técnicas serias”, indicó.

El abogado recordó además que desde hace años viene cuestionando el funcionamiento del sistema de concursos y aseguró que parte de la tensión actual responde a problemas acumulados durante mucho tiempo.

“Cuando una herramienta se usa mal durante años, finalmente termina rompiéndose”, afirmó.

Sobre el cierre de la entrevista, Rauch vinculó el conflicto judicial con el contexto político y económico que atraviesa la provincia y advirtió sobre el impacto institucional que dejan estas disputas.

“Todas estas peleas de palacio se dan mientras la gente tiene otros problemas. Pero lo que estamos viendo es que todo el sistema institucional está haciendo mucho ruido”, sostuvo.

Y agregó:

“Si esto no encuentra un camino de razonabilidad, se va a profundizar el grado de descomposición de los poderes en Tierra del Fuego”.