Lo que comenzó como una denuncia automatizada vinculada a presunto material de abuso sexual infantil terminó derivando en una investigación penal, allanamientos, pérdida de acceso a servicios digitales y una discusión que hoy, según plantea el juez de Cámara Andrés Leonelli, trasciende completamente su caso personal.

Después de que la investigación descartara delito y mientras continúan procesos paralelos en distintos ámbitos judiciales, el magistrado decidió transformar el episodio en una discusión institucional sobre el funcionamiento de las grandes plataformas tecnológicas y el nivel de intervención que tienen los sistemas automatizados sobre la vida cotidiana de las personas.

Leonelli explicó en la TV Pública, que uno de los aspectos que más lo movilizó durante todo el proceso fue advertir la dimensión que puede adquirir una decisión automática cuando no existe una instancia efectiva de revisión humana.

“Siempre me hacían la misma pregunta: si esto le pasó a un juez, ¿qué le puede pasar a un ciudadano promedio?”, relató.

Según contó, esa pregunta terminó convirtiéndose en el motor para continuar con acciones judiciales incluso cuando el desgaste emocional y familiar empujaba hacia otra salida.

“Nos preguntamos muchas veces si convenía hacer borrón y cuenta nueva. Pero entendimos que esto tenía que servir para algo más grande que nosotros”, sostuvo.

Del bloqueo automático a una discusión institucional

De acuerdo con el relato del magistrado, el conflicto se produjo cuando un sistema automatizado detectó dentro de su cuenta material vinculado a una causa judicial que había tramitado años atrás durante el ejercicio de sus funciones.

Leonelli sostuvo que desde el inicio intentó explicar el contexto del material y acreditar su origen judicial.

“Se trataba de documentación legal y de trabajo judicial. Se hicieron presentaciones, explicaciones y descargos, pero todo fue ignorado y procesado automáticamente”, afirmó.

A partir de esa detección, aseguró que se produjo una cadena de consecuencias que incluyó reportes automáticos, restricciones sobre sus servicios digitales y posteriormente actuaciones judiciales.

El punto que hoy cuestiona no es la existencia de mecanismos de detección de delitos graves.

“Nadie puede estar en contra de la tolerancia cero frente al abuso infantil. La discusión es otra: cómo se procesa esa información una vez detectada y quién controla que no existan errores”, planteó.

Para Leonelli, el problema aparece cuando el procedimiento automatizado reemplaza completamente cualquier instancia de evaluación humana.

“Lo más grave no fue que una persona se equivocó. Lo más grave es que nunca intervino una persona”, resumió.

El concepto de “muerte digital”

Durante la entrevista, el magistrado utilizó una expresión que terminó sintetizando gran parte del impacto que asegura haber sufrido: “muerte digital”.

Explicó que el bloqueo y eliminación de servicios tuvo efectos que excedieron lo tecnológico.

“No desaparece solamente un correo electrónico. Hoy uno tiene todo integrado: contactos, agenda, claves, archivos, cuentas bancarias, servicios, años enteros de información”, señaló.

Según relató, llegó a perder años de agenda telefónica y accesos vinculados a distintos servicios sincronizados.

En ese contexto, destacó que una resolución judicial federal ordenó el restablecimiento de servicios y la preservación del material mientras continúa el análisis del caso.

Leonelli sostuvo que el valor de esa decisión excede el resultado particular del expediente.

“Es muy difícil encontrar antecedentes donde se obligue a una multinacional de esta escala a restituir servicios y conservar evidencia digital”, expresó.

La discusión que viene: inteligencia artificial y control humano

Más allá del conflicto puntual, el juez entiende que el verdadero debate recién empieza.

A su criterio, el crecimiento de herramientas automatizadas y modelos algorítmicos obliga a revisar cómo se protegen derechos fundamentales frente a decisiones tomadas por sistemas tecnológicos.

“¿Qué hacen con nuestra información? ¿Hasta dónde vamos a permitir que los algoritmos regulen nuestras vidas? ¿Hasta dónde vamos a exigir control humano?”, planteó durante la entrevista.

Como ejemplo, mencionó escenarios futuros vinculados con reconocimiento facial, inteligencia artificial aplicada a seguridad y otros sistemas capaces de generar consecuencias concretas sobre las personas.

“No sabemos cómo termina esta discusión, pero sí sabemos que este es apenas el comienzo de un problema mucho más grande”, afirmó.

En ese sentido sostuvo que el riesgo no está en la innovación tecnológica en sí misma, sino en permitir que procedimientos automáticos actúen sin contrapesos institucionales ni mecanismos de revisión.

Una pelea que, asegura, ya dejó de ser personal

Leonelli afirmó que una de las razones por las que decidió continuar litigando fue dejar un antecedente útil para otras personas.

Explicó que muchas veces quienes enfrentan situaciones similares no cuentan con recursos económicos, técnicos o emocionales para sostener procesos complejos frente a grandes corporaciones.

“Me siento en una responsabilidad cívica de generar un precedente”, sostuvo.

Y cerró con una reflexión que, según dijo, también está dirigida a sus hijos.

“Quiero que el día de mañana puedan leer esta historia completa y sepan que intenté hasta el último momento hacer algo para que estas cosas no le ocurran a nadie más”.