Aquella sesión, que terminó cerca de las 3 de la madrugada del 1 de mayo, dejó al descubierto una fractura política cada vez más profunda entre el Ejecutivo provincial y una mayoría legislativa opositora que avanzó con proyectos sensibles para el Gobierno de Gustavo Melella. Entre ellos, la derogación de la Ley 1529, norma que declaró la necesidad de la reforma parcial de la Constitución fueguina y que representa uno de los principales objetivos políticos del oficialismo.

La ofensiva legislativa fue posteriormente frenada por el Ejecutivo mediante una serie de vetos que ahora volverán al centro de la escena. Según versiones en "off", sectores de la oposición buscarán insistir con varias de las leyes rechazadas por el gobernador, en una jugada que promete profundizar aún más el enfrentamiento entre los poderes del Estado.

El punto más delicado volvería a ser justamente la derogación de la Ley 1529. Desde el oficialismo sostienen que el proceso constituyente ya se encuentra institucionalmente en marcha y que cualquier intento de frenarlo implicaría desconocer actos administrativos y judiciales ya consolidados. Del otro lado, la oposición insiste en que el Gobierno pretende avanzar con una reforma constitucional en medio de una provincia atravesada por conflictos sociales, crisis económicas y fuertes cuestionamientos políticos.

La sesión se realizará, además, en simultáneo con movimientos clave dentro del frente judicial. Este miércoles el Ministerio Público Fiscal respondió a la jueza electoral Mariel Zanini en el marco de las actuaciones vinculadas al proceso electoral de convencionales constituyentes y sostuvo que la presentación de un recurso ante la Corte Suprema no suspende automáticamente el cronograma electoral.

Ese dictamen fue interpretado dentro del Gobierno provincial como una señal favorable para avanzar definitivamente con el llamado a elecciones, una resolución que podría conocerse en las próximas horas y que terminaría de encender el escenario político fueguino.

Pero la disputa no se limita únicamente a la reforma constitucional. Otro de los proyectos que podría regresar al recinto es la denominada “Ley de Goteo”, impulsada para garantizar la transferencia automática y diaria de fondos coparticipables a municipios y comunas. La iniciativa también fue vetada por Melella bajo el argumento de que invade facultades propias del Poder Ejecutivo en materia financiera.

A ese cuadro se sumó en las últimas horas un nuevo veto del Gobierno provincial: la ley sancionada por la Legislatura que prohibía los cortes de gas, agua y energía eléctrica durante el invierno por falta de pago, una medida que había sido presentada por la oposición como respuesta a la crítica situación social que atraviesan numerosas familias fueguinas.

Mientras tanto, el clima político continúa escalando. El oficialismo denuncia intentos de “desestabilización institucional” alrededor de la reforma, mientras desde la oposición cuestionan lo que consideran un avance del Ejecutivo sobre otros poderes del Estado.