La resolución fue firmada por la jueza Mariel Zanini, quien sostuvo que al momento de dictarse la convocatoria todavía no estaba cumplida una condición jurídica previa exigida por el Superior Tribunal de Justicia.

El punto central del fallo está en una diferencia que terminó siendo determinante para el futuro del proceso: una sentencia puede ser ejecutable, pero eso no significa necesariamente que haya quedado firme.

Según explicó la magistrada, la instancia judicial vinculada al proceso continúa abierta debido a que sigue pendiente una presentación ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Por ese motivo, entendió que aún no estaba cumplido el requisito de firmeza que el propio Superior Tribunal había establecido como condición para habilitar una nueva convocatoria electoral.

En ese marco, el fallo remarca que no se discute la validez ni los efectos inmediatos de resoluciones anteriores, sino que el análisis apunta exclusivamente a si el Ejecutivo provincial estaba habilitado o no para activar el cronograma electoral.

La conclusión del juzgado fue contundente: el decreto fue firmado sin que estuvieran dadas las condiciones jurídicas necesarias y, por lo tanto, correspondía declarar su nulidad.

Además, la resolución extiende los efectos de esa decisión a todos los actos que surgieron de manera directa de la convocatoria ahora anulada.

En sus fundamentos, Zanini también subrayó que en materia electoral deben prevalecer principios como la seguridad jurídica, la previsibilidad institucional y la confianza pública, y recordó que la Justicia Electoral tiene facultades para intervenir cuando considera que está comprometida la legalidad del proceso.

El fallo vuelve a meter en terreno de incertidumbre el intento del Gobierno provincial de avanzar con la reforma constitucional y abre un nuevo capítulo en una discusión que ya acumulaba tensión política, legislativa y judicial.