La funcionaria participó de la reunión convocada por el ministro de Economía provincial, Alejandro Barrozo, junto a los equipos técnicos de las tres municipalidades fueguinas, donde se discutió la situación de la coparticipación y los mecanismos de transferencia de fondos.

Durante la entrevista radial, Capotorto explicó que desde el Municipio de Río Grande se realizó un planteo formal reclamando no sólo los fondos ya vencidos, sino también aquellos montos que se encuentran próximos a vencer dentro del circuito administrativo provincial.

“Más de 10 mil millones de pesos son exigibles al día de la fecha y existen unos 7 mil millones más que están próximos a vencer”, sostuvo la secretaria de Finanzas.

Además, indicó que el retraso promedio en las remesas ya supera ampliamente los plazos razonables.

“Los atrasos ya han superado los 35 días”, afirmó, y agregó que una de las principales dificultades es la falta de información clara respecto de las transferencias que realiza Provincia.

“Nos cuesta muchísimo identificar a qué recursos debemos imputarlos porque muchas veces no tenemos información precisa sobre los envíos”, señaló.

Capotorto sostuvo que los municipios necesitan previsibilidad financiera para poder sostener el funcionamiento cotidiano del Estado y advirtió que la situación ya está impactando sobre la capacidad operativa del Municipio.

“Hoy estamos en un punto de inflexión donde hay ciertos servicios que, si no recibimos los montos que por ley nos corresponden, no podríamos seguir afrontando”, expresó.

En ese sentido, remarcó que el Municipio debió reorganizar completamente su esquema de gastos luego del retiro de fondos nacionales destinados a obra pública y programas específicos.

“Hicimos un reordenamiento del gasto desde el inicio de la gestión nacional actual porque hubo obras y programas que dejaron de recibir financiamiento nacional y tuvimos que afrontarlos con recursos propios”, explicó.

Uno de los ejemplos más claros mencionados por la funcionaria fue el servicio de agua potable que presta el Municipio de Río Grande, prestación que calificó como una de las más costosas que afronta la ciudad.

“Río Grande tiene la obligación de brindar el servicio de agua potable y es un servicio muy caro porque los químicos e insumos tienen precios dolarizados”, afirmó.

Y agregó: “Necesitamos previsión financiera porque si seguimos recibiendo tarde los fondos de coparticipación, terminamos entrando en mora con nuestros proveedores”.

Capotorto también fue contundente al remarcar que los fondos coparticipables pertenecen legalmente a los municipios y no pueden quedar sujetos a decisiones discrecionales del Ejecutivo provincial.

“La Provincia recibe los fondos de Nación y tiene la obligación de transferirlos. No puede decidir cómo y cuándo remesarlos porque son fondos de los municipios”, sostuvo.

La secretaria de Finanzas recordó además que la estructura financiera de los municipios depende en gran parte de la coparticipación.

“En términos generales, los municipios dependen en un 80% de la coparticipación y sólo un 20% corresponde a ingresos directos”, explicó.

En otro tramo de la entrevista, Capotorto se refirió al debate por la denominada “ley de goteo” y aseguró que el objetivo central debe ser garantizar previsibilidad en la transferencia de fondos.

“Lo que hoy nos falta es previsión. Si los fondos llegan cuando quieren y como quieren, es muy difícil proyectar políticas públicas y administrar correctamente los recursos”, manifestó.

Asimismo, recordó que la resolución vigente sobre los mecanismos de remisión de coparticipación surgió de una negociación judicial iniciada años atrás contra la gestión provincial de Fabiana Ríos.

“Quizá sea momento de revisar esa resolución porque pasaron muchos años y hoy existen herramientas tecnológicas que podrían agilizar y automatizar muchos procedimientos”, indicó.

Pese al fuerte reclamo financiero, la funcionaria destacó la apertura de una instancia de diálogo con Provincia y confirmó que el próximo 17 de junio se realizará una nueva reunión técnica para continuar avanzando en posibles acuerdos.

“Tenemos que llegar a un buen entendimiento y la única forma de hacerlo es sentándose a hablar. Río Grande reclama recursos que necesita para sostener servicios y cumplir con sus obligaciones”, remarcó.