RÍO GRANDE.- Una investigación académica presentada en la Universidad Nacional de Tierra del Fuego (UNTDF) puso en relieve la participación de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) en el desarrollo de políticas vinculadas a la prevención y asistencia del suicidio en Río Grande. El trabajo analizó el período comprendido entre 2019 y 2024 y concluyó que estas organizaciones tuvieron una incidencia significativa en la construcción de una agenda pública enfocada en la salud mental.

La exposición se realizó el pasado 26 de mayo en el campus "Malvinas Argentinas" de la UNTDF, en el marco de la defensa del Trabajo de Integración Final de Débora Noemí Villalba, quien obtuvo el título de Licenciada en Ciencia Política. La investigación se centró en el vínculo entre el gobierno local y las organizaciones sociales frente a una problemática que adquirió mayor visibilidad en los últimos años.

El estudio señala que entre 2021 y 2022 la provincia registró un incremento en los casos de suicidio. Durante esos años se contabilizaron 22 y 23 casos respectivamente, de los cuales 12 ocurrieron en Río Grande en cada período. Ese contexto generó una creciente preocupación social y expuso las limitaciones de respuesta de los organismos estatales, favoreciendo una mayor participación de distintos actores comunitarios.

En ese escenario comenzaron a surgir en la ciudad las primeras organizaciones dedicadas específicamente al abordaje de esta problemática. Entre ellas se encuentran "Mucho por Vivir", "Integrando Lazos", "Ni un Pibe Menos por la Droga" y "Bunker Vida", entidades que desarrollaron acciones de acompañamiento, prevención y fortalecimiento de redes de contención frente a las dificultades existentes en el acceso a servicios de salud mental.

Uno de los principales hallazgos del trabajo indica que, si bien el Municipio avanzó con la creación de la Dirección de Salud Mental y Adicciones, fueron las OSC las que impulsaron una mirada más comunitaria y territorial sobre la problemática. Según las conclusiones de la investigación, estas organizaciones lograron instalar demandas históricamente relegadas y contribuyeron a ampliar la respuesta institucional frente a la temática.

El análisis también repasó la evolución del marco normativo provincial. En ese sentido, destacó la adhesión temprana de Tierra del Fuego a distintas herramientas legales vinculadas a la salud mental, entre ellas las leyes provinciales Nº 549, Nº 1052 y Nº 1227, esta última orientada a la creación de organismos encargados de coordinar y evaluar políticas de prevención y asistencia. Sin embargo, el estudio advierte que algunos espacios de participación previstos por la normativa nunca llegaron a funcionar plenamente.

En el plano local, la investigación recordó que en 2016 el Municipio adhirió a la Ley Nacional Nº 27.130 mediante una ordenanza. También repasó distintos intentos para crear estructuras específicas de prevención del suicidio, incluyendo una iniciativa aprobada en 2019 que posteriormente fue vetada por el entonces intendente Gustavo Melella.

Con la gestión del intendente Martín Perez se avanzó en la creación de la Dirección de Salud Mental y Adicciones dentro de la Secretaría de Salud. Más adelante, en 2022, se impulsó el Consejo Municipal de Salud Mental mediante una ordenanza que contemplaba la participación de organizaciones vinculadas a la temática. No obstante, el estudio señala que dicho organismo nunca llegó a ponerse en funcionamiento.

A pesar de esas limitaciones, la investigación concluye que existe articulación entre el Municipio y las organizaciones sociales, aunque muchas veces sustentada en vínculos informales más que en espacios institucionalizados. Además, sostiene que el gobierno local mostró una mayor apertura hacia el trabajo conjunto con las OSC, mientras que la relación con el ámbito provincial se presenta de manera más fragmentada.

Entre las conclusiones finales, el trabajo plantea la necesidad de consolidar políticas públicas sostenidas en el tiempo mediante mayores recursos, fortalecimiento territorial y espacios de participación ciudadana que permitan integrar a las distintas organizaciones que trabajan en prevención y asistencia del suicidio.