A través de un comunicado oficial, la Comisión Directiva Provincial manifestó su “acompañamiento, solidaridad y respaldo” al dirigente sindical y sostuvo que la decisión adoptada por el Tribunal de Juicio del Distrito Judicial Sur constituye una resolución “injusta” que, según afirmaron, “no refleja integralmente la realidad de los hechos debatidos durante el proceso”.

El pronunciamiento se conoció pocas horas después de que el Tribunal condenara a Córdoba y al delegado sindical Miguel Aranda a la pena de cinco años de prisión efectiva, ordenando además la inmediata detención de ambos tras la lectura del veredicto.

Desde ATE remarcaron la trayectoria sindical de Córdoba y destacaron que durante décadas estuvo vinculado a la defensa de los derechos laborales, salariales, sociales y habitacionales de los trabajadores fueguinos.

“Esa trayectoria, construida durante décadas de compromiso sindical, no puede ser desconocida ni reducida a una sentencia que aún no se encuentra firme y que será revisada por las instancias judiciales correspondientes”, señalaron desde la organización.

El gremio también sostuvo que fue el propio Córdoba quien, en su momento, promovió denuncias y presentaciones vinculadas con los hechos investigados, argumentando que colaboró activamente para el esclarecimiento de las distintas situaciones que se plantearon dentro del programa habitacional que terminó siendo objeto de la investigación judicial.

En otro tramo del comunicado, ATE afirmó que acompañará todas las acciones legales que impulse la defensa del dirigente sindical con el objetivo de revertir la condena y sostuvo su confianza en el derecho constitucional de defensa y en las garantías procesales.

“Confiamos plenamente en el derecho constitucional de defensa y en las garantías que amparan a toda persona sometida a proceso judicial. Acompañaremos todas las acciones y recursos legales que resulten necesarios para demostrar la inocencia que el compañero ha sostenido desde el primer día”, expresaron.

Asimismo, la organización hizo extensivo su respaldo a la familia de Córdoba y a los afiliados que siguen con preocupación la situación judicial del histórico dirigente estatal.

Uno de los párrafos más contundentes del documento apunta directamente al Gobierno provincial. Allí, la conducción de ATE responsabilizó a la administración fueguina por “cualquier situación que pudiera afectar la integridad física, moral o institucional” de su secretario general.

La causa que derivó en la condena investigó maniobras vinculadas a la adjudicación irregular y comercialización de viviendas sociales del complejo habitacional de las 128 viviendas de Río Pipo, un caso que durante años generó fuerte repercusión política, sindical y judicial en Tierra del Fuego.

Mientras la defensa prepara la apelación ante instancias superiores, la condena y la detención de Córdoba abrieron un nuevo capítulo en uno de los procesos judiciales más resonantes de los últimos años en la provincia, con repercusiones que ya comenzaron a trasladarse al plano sindical y político.