La decisión del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de retirar a todos sus afiliados de las operaciones que YPF dejó en manos de Velitec y Terra Ignis encendió todas las alarmas. La medida, adoptada ante la falta de garantías laborales y el incumplimiento de compromisos asumidos durante el proceso de transición, deja a numerosos yacimientos operando bajo esquemas mínimos de emergencia y abre interrogantes sobre la continuidad de la producción.

El conflicto expone una realidad que contrasta con los anuncios realizados meses atrás por el gobernador Gustavo Melella y la ministra de Obras y Servicios Públicos, Gabriela Castillo, quienes aseguraban que el desembarco de Terra Ignis permitiría sostener la actividad y preservar la totalidad de los puestos de trabajo.

Sin embargo, el escenario actual muestra otra fotografía. Empresas contratistas que abandonan operaciones, proveedores que denuncian deudas millonarias, trabajadores sin certezas sobre su continuidad laboral y una estructura operativa cada vez más debilitada en áreas estratégicas para la producción de hidrocarburos.

La preocupación crece porque Tierra del Fuego no enfrenta únicamente una discusión empresarial. La provincia depende de su producción gasífera para garantizar el abastecimiento energético de miles de hogares, industrias, comercios e instituciones públicas. En pleno comienzo del invierno, cualquier afectación sobre la capacidad operativa de los yacimientos adquiere una dimensión mucho más sensible.

Fuentes vinculadas a la actividad sostienen que varios campos se encuentran funcionando con dotaciones reducidas y bajo esquemas de contingencia. La salida de contratistas especializados no sólo afecta tareas de mantenimiento y operación cotidiana, sino que también compromete la capacidad de respuesta ante eventuales fallas técnicas o emergencias operativas.

A este escenario se suma otro dato preocupante: Tierra del Fuego arrastra desde hace años una fuerte caída en la producción petrolera. Distintos informes sectoriales indican que la provincia perdió cerca del 90% de su producción de petróleo respecto de sus niveles históricos, una situación que refleja el progresivo deterioro de la actividad hidrocarburífera y la falta de inversiones capaces de revertir la tendencia.

Mientras tanto, el Gobierno provincial avanza en el fortalecimiento de la estructura administrativa del Ministerio de Energía, que recientemente amplió significativamente su planta de cargos. La paradoja no pasa inadvertida en el sector: mientras crece la estructura burocrática, la actividad en los yacimientos atraviesa uno de los momentos más delicados de los últimos años.

La pregunta que comienza a surgir entre trabajadores, empresarios y usuarios ya no es quién se hará cargo de los activos que dejó YPF. La verdadera incógnita es si existe un plan capaz de garantizar la continuidad operativa de los yacimientos y la seguridad energética de la provincia.

Porque detrás de la disputa sindical, de las promesas incumplidas y de los anuncios oficiales, aparece un problema mucho más profundo: la posibilidad de que Tierra del Fuego enfrente una crisis de producción en el recurso más estratégico para atravesar el invierno.

Y frente a ese escenario, el silencio oficial empieza a generar más incertidumbre que respuestas.

¿Quién está operando efectivamente los yacimientos? ¿Qué capacidad real tiene Terra Ignis para sostener la producción? ¿Qué ocurrirá si continúan retirándose empresas y trabajadores especializados? ¿Existe un plan de contingencia para garantizar el suministro de gas a los fueguinos?

Las próximas semanas podrían ser determinantes para responder preguntas que hoy preocupan a toda la provincia.