El Gobierno nacional reglamentó el Régimen de Promoción del Empleo Registrado (PER), una de las herramientas centrales incluidas en la Ley de Modernización Laboral impulsada por la administración de Javier Milei. La medida busca incentivar la formalización de trabajadores que hoy se desempeñan en la informalidad mediante un amplio esquema de beneficios para los empleadores.

La iniciativa fue oficializada a través del Decreto 409/2026 y establece un sistema de regularización laboral que permitirá a las empresas declarar relaciones laborales que hasta ahora permanecían total o parcialmente fuera de los registros oficiales.

El principal atractivo para los empleadores es la posibilidad de acceder a importantes condonaciones de las deudas acumuladas por aportes y contribuciones a la seguridad social.

Según la reglamentación, las micro y pequeñas empresas podrán obtener una quita del 90% de las obligaciones alcanzadas por el régimen. Las medianas empresas accederán a una reducción del 80%, mientras que los grandes empleadores podrán regularizar su situación con una condonación del 70% de las deudas generadas.

Además, determinadas obligaciones vinculadas a obras sociales, riesgos del trabajo y seguros obligatorios serán condonadas en su totalidad.

Qué cambia para las empresas

La nueva normativa no sólo contempla la reducción de deudas. También elimina sanciones administrativas vinculadas a los incumplimientos regularizados y permite la baja de infracciones registradas en el Registro de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL).

Otro de los beneficios más relevantes es la extinción de acciones penales tributarias relacionadas con las obligaciones alcanzadas por el programa, siempre que no exista una sentencia firme al momento de adherir al régimen.

Quienes opten por cancelar al contado el saldo remanente después de las condonaciones recibirán además una reducción adicional del 50% sobre el capital e intereses pendientes.

El objetivo oficial: reducir la informalidad

Desde el Gobierno sostienen que la medida apunta a atacar uno de los principales problemas estructurales del mercado laboral argentino: la elevada tasa de empleo no registrado.

La apuesta oficial es que la reducción de costos y sanciones incentive a miles de empleadores a incorporar trabajadores al sistema formal, ampliando la base de aportantes y fortaleciendo los recursos de la seguridad social.

Actualmente, distintos estudios privados estiman que cerca de cuatro de cada diez trabajadores argentinos se desempeñan en condiciones de informalidad, una situación que implica menores ingresos, falta de cobertura previsional y ausencia de protección frente al desempleo o accidentes laborales.

Qué pasa con los trabajadores

La reglamentación establece que los períodos laborales que sean regularizados serán reconocidos como años de servicio para futuras jubilaciones, pensiones, retiros por invalidez y prestaciones por desempleo.

De esta manera, quienes fueron empleados sin registrar podrán incorporar esos años a su historial previsional una vez concretado el proceso de blanqueo.

Un nuevo capítulo de la reforma laboral

La puesta en marcha del PER representa uno de los cambios más significativos en materia laboral desde la aprobación de la Ley de Modernización Laboral y forma parte de la estrategia del Gobierno para flexibilizar regulaciones, reducir costos empresariales y fomentar la creación de empleo formal.

Mientras el oficialismo destaca la iniciativa como una herramienta para combatir la informalidad y promover nuevas contrataciones, sectores sindicales y especialistas laborales advierten que las amplias condonaciones podrían interpretarse como un beneficio para empleadores que durante años incumplieron sus obligaciones.

Lo cierto es que, desde ahora, miles de empresas tendrán la posibilidad de regularizar trabajadores con fuertes reducciones de deuda. El desafío será comprobar si la medida logra efectivamente generar más empleo registrado o si termina convirtiéndose en una nueva moratoria laboral sin impacto duradero sobre la informalidad.