Durante una entrevista con FM Del Pueblo, Lapadula sostuvo que la discusión excede el valor de una factura domiciliaria y que las consecuencias alcanzarán a toda la economía regional.
“Es un hecho grave y lamentable. Todos sabemos qué significa el gas en esta zona austral, en la Patagonia y en Tierra del Fuego ni hablar”, afirmó.
El legislador explicó que la posible reducción de subsidios afectará directamente el bolsillo de los fueguinos en un contexto económico ya complejo, pero además tendrá repercusiones sobre la actividad productiva y el empleo.
“Imagínense el golpe que va a ser en el bolsillo de todos. Y cuando hablo de todos no hablo solamente de aquellos que tenemos una estufa en la casa. También hablo de la producción, de los comercios, de la industria y de las empresas”, señaló.
Lapadula recordó además que la generación de energía eléctrica en la provincia depende en gran medida del gas natural, por lo que cualquier modificación en el esquema de subsidios podría traducirse en mayores costos para múltiples sectores.
“Va a ser algo que va a impactar negativamente y muy fuerte, no solamente en el bolsillo de cada uno de los vecinos y vecinas, sino también en la producción, en la industria y en el empleo”, remarcó.
En ese sentido, cuestionó las medidas impulsadas por la administración nacional y sostuvo que existe un intento de modificar de manera sustancial el alcance del beneficio.
“Esta modificación que quiere llevar adelante el Gobierno nacional no solo implica la reducción de zonas que estaban incluidas en este régimen de subsidio, sino también cambiar radicalmente el valor de esos subsidios”, advirtió.
El parlamentario fueguino consideró que, aun cuando Tierra del Fuego continúe formalmente dentro del esquema de Zona Fría, los usuarios percibirán igualmente un fuerte incremento en sus facturas.
“Por más que Tierra del Fuego no deje de ser zona fría, lo vamos a ver reflejado en la factura y vamos a tener un golpe tremendo al bolsillo de todos los fueguinos”, afirmó.
Además, vinculó esta situación con la falta de funcionamiento del Parlamento Patagónico, organismo que —según denunció— permanece paralizado desde hace años e impide una respuesta institucional conjunta de las provincias del sur frente a decisiones nacionales que afectan a la región.
“Lo que no se puede tener es miedo a que se reúna, se debata y se exprese públicamente una institución que representa a todas las provincias patagónicas”, sostuvo.