USHUAIA.- En una decisión que generó fuertes cuestionamientos políticos, el oficialismo utilizó el voto de desempate de la viceintendenta Gabriela Muñiz Siccardi para bloquear un pedido de informes destinado a obtener documentación pública vinculada a las adjudicaciones y ocupaciones de tierras fiscales que se encuentran envueltas en una creciente controversia.

La iniciativa había sido presentada por el concejal Valter Tavarone, de Somos Fueguinos, y apuntaba a que el Ejecutivo Municipal aportara antecedentes administrativos, convenios suscriptos, criterios de adjudicación y demás documentación relacionada con los Macizos 184 y 185 de la Sección J.

Al momento de la votación, el proyecto reunió el respaldo de cinco concejales pertenecientes a Somos Fueguinos, Movimiento Popular Fueguino, La Libertad Avanza, Provincia Grande y Fernando Oyarzún, de FORJA. En tanto, los concejales del Partido Justicialista y la edil Analía Escalante votaron en contra, provocando un empate de cinco votos por lado.

Ante esa igualdad, la definición quedó en manos de la presidenta del cuerpo, Gabriela Muñiz Siccardi, quien resolvió rechazar el pedido de informes y, de esa manera, impedir que el Ejecutivo Municipal quede obligado a responder las consultas formuladas por los concejales.

La decisión adquirió especial relevancia porque el expediente no impulsaba sanciones, acusaciones ni medidas disciplinarias contra ningún funcionario. El único objetivo era acceder a información oficial vinculada con un tema que actualmente se encuentra atravesado por denuncias judiciales y un intenso debate público.

Precisamente, el punto que más controversia generó fue que el voto decisivo de la viceintendenta terminó blindando información que había sido requerida formalmente por el propio Concejo Deliberante en ejercicio de sus facultades de control.

La polémica se profundizó al recordar que semanas atrás el oficialismo también había impedido una interpelación a la secretaria de Hábitat argumentando la falta de la mayoría especial necesaria. En esta ocasión, sin embargo, se trataba de una herramienta diferente, que requería únicamente mayoría simple para avanzar.

Para los sectores opositores, el rechazo significó cerrar una vía institucional destinada a conocer documentación pública sobre el manejo de tierras fiscales, en un contexto donde existen investigaciones y cuestionamientos sobre la legalidad de determinadas adjudicaciones y ocupaciones.

De esta manera, el oficialismo logró frenar una nueva instancia de control legislativo sobre un tema que continúa generando repercusiones políticas y judiciales en la ciudad.