La salida de YPF de áreas convencionales está generando escenarios muy distintos en las provincias petroleras argentinas. Mientras Santa Cruz logró cerrar acuerdos que incluyen inversiones millonarias, remediación ambiental y compromisos concretos de perforación, en Tierra del Fuego todavía persisten interrogantes sobre el futuro de las áreas transferidas y el impacto que tendrá la estrategia impulsada por el Gobierno provincial a través de Terra Ignis.

La comparación comienza por los números.

En Santa Cruz, el gobierno de Claudio Vidal negoció con YPF y con las nuevas operadoras un esquema que contempla inversiones proyectadas por 1.200 millones de dólares destinadas a recuperar producción, incorporar equipos y perforar nuevos pozos en la Cuenca del Golfo San Jorge.

Además, la provincia consiguió algo que hoy aparece como uno de los mayores logros de la negociación: que YPF asuma íntegramente el costo de remediación ambiental de las áreas que abandona.

Según informó el ministro de Energía y Minería santacruceño, Jaime Álvarez, la petrolera deberá sanear 1.204 pozos y hacerse cargo de los pasivos ambientales acumulados durante décadas de explotación.

La provincia, además, estableció mecanismos de auditoría junto a la Universidad de Buenos Aires para verificar técnicamente los trabajos de remediación.

Pero el acuerdo no terminó allí.

Las nuevas operadoras ya anunciaron planes concretos de perforación: CGC desarrollará 31 pozos, Quintana Energy otros cuatro y Crown Point tres adicionales, en un programa orientado a frenar la caída productiva que venían registrando los yacimientos.

El objetivo declarado es recuperar producción, sostener empleo y dinamizar la actividad económica en las localidades petroleras del norte santacruceño.

¿Qué pasó en Tierra del Fuego?

El escenario fueguino muestra diferencias significativas.

La salida de YPF derivó en un proceso donde el Gobierno provincial apostó a fortalecer el rol de Terra Ignis, la empresa estatal creada para participar en el desarrollo energético y petrolero de la provincia.

Sin embargo, hasta el momento no se conocen anuncios equivalentes a los logrados por Santa Cruz en materia de inversiones comprometidas, programas de perforación o planes de remediación ambiental financiados por YPF.

Tampoco existen precisiones públicas sobre montos de inversión similares a los 1.200 millones de dólares anunciados en Santa Cruz ni cronogramas concretos de perforación que permitan proyectar una recuperación de la producción hidrocarburífera.

Por el contrario, las decisiones vinculadas a Terra Ignis han generado preocupación en sectores sindicales y empresariales, particularmente por las dudas respecto de la continuidad de inversiones privadas y la preservación de puestos de trabajo en el sector.

El propio Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Tierra del Fuego declaró recientemente un estado de máxima alerta ante el impacto que podrían tener las definiciones sobre las áreas hidrocarburíferas provinciales.

Dos modelos diferentes

La principal diferencia entre ambos procesos radica en la estrategia de negociación.

Santa Cruz priorizó garantizar tres objetivos simultáneos:

• Inversiones privadas inmediatas.
• Compromisos concretos de perforación.
• Remediación ambiental a cargo de YPF.

Tierra del Fuego, en cambio, optó por fortalecer la participación estatal a través de Terra Ignis, aunque hasta ahora sin anuncios públicos equivalentes en términos de inversiones, perforación o recuperación productiva.

La comparación inevitablemente abre interrogantes.

¿Cuánto dinero recibirá Tierra del Fuego como resultado de la salida de YPF?

¿Quién asumirá los costos de los pasivos ambientales existentes?

¿Cuántos pozos nuevos se perforarán durante los próximos años?

¿Existe un plan concreto para incrementar la producción de gas y petróleo?

¿De qué manera se protegerá el empleo petrolero?

Mientras Santa Cruz ya exhibe inversiones proyectadas, cronogramas de perforación y un programa de saneamiento ambiental financiado por la petrolera estatal, en Tierra del Fuego esas respuestas todavía forman parte de un debate abierto.

Y en una provincia donde la producción de hidrocarburos representa uno de los principales motores económicos, la diferencia entre ambos modelos comienza a ser observada con creciente atención por trabajadores, empresas y actores políticos del sector energético.