En diálogo con Radio Provincia, Piñeiro explicó que el organismo fue informado de la situación pocas horas después de ocurrido el episodio y que inmediatamente se activaron los mecanismos previstos para este tipo de casos.

“Es falso que no hayamos intervenido. El Comité actuó desde el primer momento y presentó un pedido de informes que todavía estamos esperando que sea respondido”, sostuvo.

La investigación judicial busca determinar qué ocurrió con tres internos que habrían sido brutalmente agredidos dentro del pabellón B de la unidad carcelaria. La causa incluso avanzó sobre una hipótesis mucho más grave: una posible asociación ilícita entre internos y miembros del Servicio Penitenciario para permitir la agresión.

Ante este escenario, Piñeiro recordó que el rol del Comité no es investigar delitos ni sustituir a la Justicia, sino velar por el respeto de los derechos humanos de las personas privadas de libertad y prevenir situaciones de tortura o malos tratos.

“Nuestra obligación es resguardar la información y proteger a las personas involucradas. No estamos para salir a difundir denuncias, sino para intervenir institucionalmente y prevenir vulneraciones de derechos”, remarcó.

El referente de Derechos Humanos señaló además que integrantes del Comité mantuvieron contacto con una de las presuntas víctimas apenas trascendió lo sucedido y que desde entonces se sigue monitoreando la situación.

“Nos entrevistamos con una de las personas afectadas, se le tomó testimonio y seguimos preocupados por su integridad porque estas personas continúan dentro del sistema penitenciario”, explicó.

Piñeiro también reconoció la extrema gravedad de los hechos que se encuentran bajo investigación judicial y sostuvo que será la Justicia la encargada de determinar responsabilidades.

“Lo que se está investigando es gravísimo. Se habla de una posible zona liberada o de algún nivel de complicidad para que estos hechos pudieran ocurrir. Son cuestiones muy serias que deben ser esclarecidas”, afirmó.

Durante la entrevista, el integrante del Comité contra la Tortura reveló además que existe una preocupación permanente por los mecanismos de control dentro de los lugares de detención, especialmente respecto de las cámaras de vigilancia, los sectores sin monitoreo y las condiciones generales de alojamiento.

“La seguridad de las personas privadas de libertad es responsabilidad del Estado. No puede haber lugares donde ocurran hechos de violencia sin control ni supervisión”, sostuvo.

Piñeiro aprovechó además para exponer una problemática más amplia relacionada con las condiciones carcelarias en Tierra del Fuego. Según indicó, la provincia enfrenta dificultades similares a las que se observan en sistemas penitenciarios mucho más grandes del país.

“Tenemos poco más de 300 personas privadas de libertad y, sin embargo, se repiten problemas vinculados al hacinamiento, la alimentación y el acceso a la salud. Son situaciones que venimos señalando desde hace años”, manifestó.

Asimismo, desmintió que el Comité haya permanecido ajeno a la situación y explicó que la confidencialidad forma parte de las obligaciones institucionales del organismo.

“Tenemos la responsabilidad de resguardar la identidad de las personas involucradas y actuar con prudencia, especialmente cuando se investigan hechos tan delicados como los denunciados en este caso”, indicó.

Finalmente, destacó que el Comité mantiene reuniones periódicas para abordar este tipo de situaciones y confirmó que el caso fue analizado nuevamente en los últimos días.

“Vamos a seguir ocupándonos de esta situación y acompañando a las familias desde el rol que nos corresponde. Nuestra tarea es prevenir cualquier situación de tortura, violencia institucional o vulneración de derechos”, señaló.

La causa continúa bajo investigación judicial y, mientras avanzan las pericias y el análisis de las pruebas reunidas, crece la expectativa por conocer el alcance de un expediente que podría convertirse en uno de los casos más sensibles registrados en el sistema penitenciario fueguino en los últimos años.